La muerte de España como nación democrática viene de lejos. Para encontrar los primeros signos de decrepitud hay que remontarse al año 2006, cuando el Gobierno de Zapatero intentó inscribir en mármol las primeras sílabas del epitafio de la Constitución del 78. Lo hizo con aquel infame Estatut catalán con el que España recibía un certero disparo por la espalda. Años más tarde, en 2017, se consumó el segundo atentado contra la unidad territorial del Estado con la fallida Declaración unilateral de independencia de Cataluña. España entró en parada cardíaca durante 44 segundos. Se salvó de milagro gracias a la rápida intervención del Tribunal Constitucional, pero, desde entonces, sobrevive en estado comatoso, a merced de extorsionistas del independentismo catalán liderados desde Waterloo por un prófugo de la justicia.
Actualmente, por “capricho” de la aritmética parlamentaria, gobierna un desalmado socialista que ha mutado—aún más—la naturaleza primigenia del partido socialista sobre la cuestión de la unidad territorial, cediendo a las exigencias del radicalismo catalán y haciendo propia la bandera del odio contra la nación española. Esclava de, digamos, un pretendido progresismo, a la España democrática le quedan dos telediarios. Ahí está, a la vista de todos, desangrándose ante la mirada afilada de sus verdugos y la pasividad de, digamos también, sus pretendidos defensores.
España ya no es una nación, ni siquiera una postnación en el sentido que Habermas otorga al término, donde la identidad cultural o étnica se diluye en favor de un proyecto común basado en principios democráticos y fundamentales dentro del marco legal de una constitución. No, España es casi un cadáver; un territorio fracturado donde el concepto de la soberanía compartida ha sido sustituido por el de su disolución y el saqueo institucional. La postnación habermasiana requería, al menos, de un marco de derechos y libertades respetado por todos. Pero ya no existen marcos que valgan, solo restos. Los nacionalismos periféricos han devorado la idea misma de España, mientras el gobierno socialista, lejos de defenderla, negocia con los sepultureros el reparto de sus despojos.
España agoniza víctima de un puñado de mequetrefes separatistas, herida de muerte por los desatinos de una izquierda lúgubre, tenebrosa; envuelta en sombras goyescas que sofocan la luz del entendimiento y el acuerdo común entre españoles.
Ante tal panorama no resultaría difícil imaginar las exequias de nuestra querida España en un improvisado velatorio del Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. En su lecho de muerte rezarían por su alma figuras enlutadas: plañideras conservadoras de rosario en mano y patriotas del tres al cuarto cegados por el humo de los hachones. En la cabecera, el Presidente del Gobierno fingiría la gravedad del duelo. Al fondo, vuelto de espaldas, el Rey.
La mortaja de España exhibiría con deshonor una oscura túnica, tejida a mano por el mismísimo Tribunal Constitucional. No sorprendería que su féretro estuviera cubierto con la enseña de lo que para algunos fue el símbolo de la discordia y desfilara por la capital del Reino entre el ruido de sables y el murmullo de traiciones, ahogadas por el grito de independistas y el abucheo de radicales socialistas y comunistas.
Fiel a su propio esperpento, el entierro de España no sería un acto solemne. No habría honores militares ni discursos emocionados, sino tuits vacíos y memes de España subiendo a los cielos, a la derecha de Dios o de Franco. Tampoco habría luto nacional, porque ya no quedaría nación que llorar. España sería enterrada en una fosa común junto a otros Estados fallidos del siglo XXI, víctima de sus propias contradicciones y de la cobardía de quienes pudieron salvarla y no lo hicieron.
Requiescat in pace.
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