En un giro digno de las más oscuras novelas distópicas, el gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido una cruzada contra uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Con una sutileza propia de un prestidigitador y la determinación de un auténtico autócrata ha puesto en el punto de mira al poder judicial y amenaza con cargarse el Estado de Derecho, sin el cual la democracia degenera en una mera tiranía electiva.
La ofensiva de Pedro Sánchez consiste en domesticar al poder judicial y convertirlo en un instrumento político a su servicio. Bajo esa lógica distorsionada, el intento de remodelar el panorama judicial entraña su desnaturalización. Peor aún, el gobierno ha intentado retorcer y manipular las instituciones judiciales como si fueran plastilina, al mismo tiempo que ha impuesto la ley del silencio contra cualquier disidencia interna, incluida la de las voces discordantes de no pocos socialistas históricos como Felipe González, quien ya ha advertido que “sin justicia independiente no hay democracia”.
La reforma exprés del CGPJ, el acoso a jueces como Juan Carlos Peinado y Manuel García-Castellón por investigar casos sensibles al gobierno y a su entorno, o el escandaloso indulto a los condenados del procés y el lawfare contra el Tribunal Supremo forman parte de ese nuevo orden Sanchista, que es jaleado no sólo por los ministros y portavoces de turno, sino también por la jauría mediática que ladra al son que les marca Moncloa.
Con mayoría relativa en una de los dos cámaras, pero con la determinación de continuar en el poder a toda costa, el gobierno de Sánchez ha emprendido una conquista sigilosa pero sistemática por sus bemoles. Cada nombramiento, cada reforma, cada declaración parece estar cuidadosamente calculada para erosionar la independencia judicial y convertir a los tribunales en meros títeres del poder ejecutivo. En este atípico escenario político de nuestra historia reciente, la separación de poderes se tambalea peligrosamente. La justicia, otrora baluarte contra los excesos del poder, corre ahora el riesgo de convertirse en un mero apéndice del ejecutivo, y todo ello para validar su profunda adicción al poder.
Huelga aclarar, por consiguiente, que mientras Sánchez y su cohorte continúen en su empeño de amordazar la justicia y socavar la independencia judicial, nuestra democracia se precipita peligrosamente por una pendiente sin retorno, porque una justicia silenciada es el preludio de una democracia amordazada.
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