ESPAÑA NO ES PAÍS PARA DEMÓCRATAS

El Presidente del Gobierno de España presenta una patología política propia de líderes de otras latitudes. A estas alturas ya no le queda ni una onza de ética ni de moral y mucho menos de dignidad política. Y no sólo eso: está enfermo de poder y quiere preservarlo a cualquier precio, cueste lo que cueste, incluso a expensas de la democracia y del Estado de Derecho. Bajo una más que sospechosa apariencia de legitimidad, el habitante de La Moncloa (obvio el nombre para evitar la arcada) se autoproclama como la resistencia del socialismo europeo y el vigía de Occidente contra la “corriente reaccionaria” que asola Europa cuando, en realidad, rezuma tanto autoritarismo o más que el mismísimo Paco, el de los 40 años (evito otra vez más arcadas al lector).

Estricto colaboracionista de regímenes allende los mares, en concreto de los del Caribe, el autócrata se presenta como adalid de la transparencia, la sostenibilidad, la tolerancia, el feminismo, el respeto a la diversidad y otras oportunas banderas de las libertades y los derechos humanos que, paradójicamente, olvida cuando toca dar el pésame a un condenado por terrorismo, o cuando Hamás le elogia y le agradece su incondicional apoyo. 

El “hideputa”, que diría Cervantes, y beneficiario de lo prostibulario tiene en su haber, además de los consabidos casos de presunta corrupción, el asalto a las instituciones, los continuos ataques al poder judicial, varias intentonas de socavar la separación de poderes y hasta el señalamiento a periodistas incómodos. Por si todo esto fuera poco, bajo esa alianza de extraña naturaleza “progresista” se esconde un fin común: la demolición de la España democrática ¡Casi nada al aparato!

Y es que el ínclito monclovita ha puesto en peligro la cohesión territorial y fiscal de la nación y, por si fuera poco, ha provocado una profunda erosión de los pilares fundamentales de la Constitución del 78, y, por consiguiente, del Estado de Derecho, que ya veremos si no es irreversible. A todo esto en mi pueblo se le llama por su nombre: fascismo en su máxima expresión. Y en el lenguaje cinematográfico, por aquello de tener como prota a un caudillo medio pirao, el filme se estrenaría con el título de “España ya no es país para demócratas”.

Dentro de la oscura naturaleza de este ganapán es habitual verle merodear entre las medias verdades y la imposición de excluir al adversario como fantasía de su psicótica política. Extremo digno de mención es su alabada trinchera entre españoles y su no menos rudo razonamiento en alcanzar consensos políticos con la oposición. ¡Al enemigo ni agua!    

Para mayor gloria del líder, los cabezazos a la norcoreana de su ejecutiva y demás militantes de tres al cuarto le aplauden como focas. Ni un atisbo de autocrítica o de corriente política que enturbie el akelarre en esos cavernarios congresos federales. Y si alguien se sale de la línea, puño de hierro del puto amo y mensaje del orangután de turno con postdata. ¡Pobre Page! 

La democracia, mientras tanto, sobrevive como puede, muy debilitada, consumiéndose poco a poco y con respiración asistida en la unidad de cuidados intensivos. Menos mal que frente a este hundimiento gradual de nuestra democracia, aún nos queda la Guardia Civil y algunos jueces honrados que aplican la Ley y actúan como dique de contención, pero será por poco tiempo, porque hasta los más rocosos rompeolas sucumben con la llegada de enormes marejadas ciclónicas. Y ojo, porque el tarao de Moncloa se puede creer hasta el mismísimo Dios Neptuno si hace falta.

Eso sí, lo que al gachó no se le puede echar en cara es la distribución de la riqueza, pero entre los suyos, claro. Y es que el “reparto” llega hasta los mismísimos intestinos de la Moncloa: su mujer, el hermano y ya veremos si no sale en algún informe de la UCO hasta la madre que lo parió. 

“¡Oh hideputa, puto, y qué bien que lo ha hecho!” De un tal Cervantes, maricón y catalán de pro, ¿no?

Error 404: intelectualidad no encontrada

Hace no mucho las corrientes de pensamiento crítico, el criterio objetivo de los llamados intelectuales y, en definitiva, el discernimiento propio eran los exponentes que sostenían una base autónoma e independiente de los excesos de cualquier ideología. Hoy en día ya no se cuestiona casi nada y, a menudo, se menosprecia cualquier juicio de valor que se enfrente a la hegemonía de la nueva "realidad”.

La mayoría de las universidades son el epicentro de iniciativas ideológicas contaminadas. Los intelectuales se "precipitan" en cuestiones analíticas y terminan siendo denostados, y las ágoras de debate han sido sustituidas por el impulso de argumentos viciados en las redes sociales.

Confieso que escribo estas líneas embargado de una profunda nostalgia, recordando con gran dolor otras épocas no tan lejanas en las que el debate propiciaba el enriquecimiento y, sobre todo, el respeto y la aceptación de ideas antagónicas con las que se contribuía a fomentar el diálogo desde la diversidad de enfoques.

En función de estas circunstancias es muy difícil plantear un relato alternativo (y ofrecer datos objetivos), o simplemente contrarrestar la arbitrariedad de una caterva de dogmáticos y/o déspotas que mantiene su estatus ideológico a golpe de X. Y todo esto, cómo no, con la “inestimable colaboración” de los medios y las redes sociales convertidos en meras correas de transmisión de consignas, donde la simplificación, la distorsión de los argumentos y la descalificación personal campan a sus anchas.

Desgraciadamente, hay una incapacidad manifiesta de contrastar y cuestionar el discurso oficial sin que a uno no le coloquen ipso facto la etiqueta de fascista, negacionista o retrógrado, según convenga. Y esto en el mejor de los casos, porque hay otras alternativas que, rigurosamente, aplican la cultura de la cancelación como artefacto inhibidor. No sabría decir con la debida exactitud cuántos años hemos retrocedido en el tiempo, pero a tenor de las practicas “inquisitoriales” y el obligado conformismo intelectual, mucho me temo que habría que contarlo por décadas.

Navegamos, pues, por aguas oscuras que nos llevan hacía la geografía de la marginalidad; un territorio peligroso donde la inmediatez y la superficialidad de la narrativa dominante se imponen al intercambio del análisis crítico por el simple hecho de serlo; y donde el cacareo de la agenda política de turno impide tomar el timón hacia otras latitudes más saludables para la democracia y, por supuesto, para la restauración de un pensamiento libre y reflexivo.

La desconexión democrática

La desafección política no es un fenómeno nuevo, pero su magnitud actual es alarmante. Hay cada vez más ciudadanos que sienten que su voz no tiene impacto en el sistema político, lo que lleva a un distanciamiento progresivo de los procesos democráticos. Sobre esto mismo hay incluso estudios que demuestran que así es. Y todo esto no dejaría de ser sería anecdótico si no fuera porque en la actualidad vivimos bajo el maquillaje de regímenes democráticos.

Ese camino hacia el autoritarismo que han tomado muchos países, incluido el nuestro, se fabrican desde una apariencia de legitimidad y aprovechan la desconexión de la opinión pública y la pasividad de la ciudadanía para salvar cualquier obstáculo democrático que se interponga en el camino. Es cierto que frente a este proceso de descomposición democrático han surgido otros partidos de corte populista que apelan, en nombre de una agenda ideológica radical, a adoptar medidas urgentes para evitar que se sigan socavando los principios democráticos, pero, lamentablemente, lo enfocan bajo el prisma de un nuevo autoritarismo.

En el caso de España, el auge de los partidos populistas de derechas aún no ha dado muestra de plantear como alternativa un autoritarismo frente a otro autoritarismo. Más bien todo lo contrario. Paradójicamente han sido los partidos de izquierda y de extrema izquierda los que se han instalado en una ideología radical sustentada en un populismo autoritario. El gobierno social-comunista de Pedro Sánchez ha optado por una retórica de exclusión del adversario político que alimenta la polarización hasta límites impensables hace solo unos años. La participación en su gobierno de partidos independistas, nacionalistas, filoterroristas y la alianza de la extrema izquierda no solamente pone en riesgo la cohesión territorial y fiscal, sino que, además, amenaza con desmantelar los pilares fundamentales del Estado de Derecho.

En este este sentido, la gestión del “conflicto” en Cataluña ha sido particularmente alarmante frente a las demandas separatistas en términos de la unidad nacional y solidaridad fiscal. Hay, además, una clara tentativa por controlar el sistema judicial y limitar la libertad de prensa; todas ellas prácticas muy claras de ese movimiento autoritario bajo la apariencia de la legitimidad.

Es cierto que la presunta corrupción presidencial, que alcanza incluso a su núcleo familiar, puede poner en riesgo la continuidad del gobierno. Pero en frente hay una oposición flácida, con un discurso que no despierta interés en una ciudadanía instalada, desde hace algún tiempo, en las latitudes de la desafección política y en los márgenes de la desinformación. La oposición debería plantear, por lo tanto y de manera urgente, argumentarios que ilusionen, pero sobre todo que despierten a la sociedad del estado lisérgico en el que vive. Y esto mucho me temo que no va a suceder pronto. 

La mordaza de Sánchez

En un giro digno de las más oscuras novelas distópicas, el gobierno de Pedro Sánchez ha emprendido una cruzada contra uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Con una sutileza propia de un prestidigitador y la determinación de un auténtico autócrata ha puesto en el punto de mira al poder judicial y amenaza con cargarse el Estado de Derecho, sin el cual la democracia degenera en una mera tiranía electiva. 

La ofensiva de Pedro Sánchez consiste en domesticar al poder judicial y convertirlo en un instrumento político a su servicio. Bajo esa lógica distorsionada, el intento de remodelar el panorama judicial entraña su desnaturalización. Peor aún, el gobierno ha intentado retorcer y manipular las instituciones judiciales como si fueran plastilina, al mismo tiempo que ha impuesto la ley del silencio contra cualquier disidencia interna, incluida la de las voces discordantes de no pocos socialistas históricos como Felipe González, quien ya ha advertido que “sin justicia independiente no hay democracia”. 

La reforma exprés del CGPJ, el acoso a jueces como Juan Carlos Peinado y Manuel García-Castellón por investigar casos sensibles al gobierno y a su entorno, o el escandaloso indulto a los condenados del procés y el lawfare contra el Tribunal Supremo forman parte de ese nuevo orden Sanchista al que no solo jalean los ministros y portavoces de turno, sino también la jauría mediática que ladra al son que les marca Moncloa. 

Con mayoría relativa en una de los dos cámaras, pero con la determinación de continuar en el poder a toda costa, el gobierno de Sánchez ha emprendido una conquista sigilosa pero sistemática por sus bemoles. Cada nombramiento, cada reforma, cada declaración parece estar cuidadosamente calculada para erosionar la independencia judicial y convertir a los tribunales en meros títeres del poder ejecutivo. En este atípico escenario político, la separación de poderes se tambalea peligrosamente. La justicia, otrora baluarte contra los excesos del poder, corre ahora el riesgo de convertirse en un mero apéndice del ejecutivo, y todo ello para validar su profunda adicción al poder.  

Huelga aclarar, por consiguiente, que mientras Sánchez y su cohorte continúen en su empeño de amordazar la justicia y socavar la independencia judicial, nuestra democracia se precipita peligrosamente por una pendiente sin retorno, porque una justicia silenciada es el preludio de una democracia amordazada.