Según las últimas encuestas del mes de septiembre, el PSOE obtendría una horquilla general entre 98 y 105. ¿Cómo es posible que entre 5,7 y 6,7 millones de españoles sigan dispuestos a depositar su confianza en el actual presidente de Gobierno con la que está cayendo?
A bote pronto, podríamos racionalizar la respuesta explicando la instrumentalización del clientelismo político entre los colectivos más vulnerables y no nos equivocaríamos. La mayor parte de las medidas socioeconómicas implementadas desde el Gobierno, tales como la subida del SMI, la revalorización de las pensiones conforme al IPC, el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas al transporte o incluso los bonos culturales para los más jóvenes, responden a una estrategia deliberada para consolidar la fidelidad electoral entre los sectores de la población más desfavorecidos. Esta dependencia económica, que no es otra cosa que una estatalización encubierta y no tanto un escudo social, asegura la intención de voto a favor del PSOE. Dicho de otra manera: hay un voto cautivo del socialismo entre quienes dependen en mayor medida de las ayudas públicas.
Pero, más allá de lo que el Gobierno denomina “la implantación de políticas del Estado de Bienestar y la redistribución de la riqueza” –medidas que dejan a no pocos españoles con el bolsillo fiscalmente roto y cuyo gasto público genera una enorme deuda y un déficit imparable sobre el PIB–, existen otras circunstancias más complejas que determinan la transacción de votos al PSOE. Entre ellas, podrían enumerarse la sociología del voto tradicional, la identidad ideológica heredada o incluso el impacto de la Ley de Nietos en el censo electoral, asunto que ha sido objeto de debate en las últimas semanas y que merece un análisis más detallado para otra ocasión.
Si a todo esto sumamos la retórica sincronizada de los medios afines al Gobierno, donde la distorsión de los argumentos y el blanqueo del sanchismo están a la orden del día, el resultado es una cronificación del voto cautivo en sus diversas formas, sobre todo, entre los colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad económica.
Pero, quizás, una explicación más racional a la pregunta de por qué hay millones de ciudadanos dispuestos a votar de nuevo al sanchismo subyace en otra cuestión: la movilización del voto del miedo a un gobierno de “derechas y de extrema derecha”.
Durante años, la izquierda española ha ido tejiendo una narrativa social con la que ha promocionado su legitimidad moral frente a la del adversario político, a quien asocia con el franquismo, el fascismo o con el egoísmo del capitalismo liberal, según convenga. La dinámica de demonización, junto a la tergiversación de la historia y la presentación del oponente como residuo del pasado y reliquia arcaica de la política española, ha ido ganando adeptos. No es difícil observar cómo en los medios progresistas “la derecha” se asocia con “el retroceso”, “el totalitarismo”, “el atraso social”, con “lo reaccionario” o “lo retrógrado”, por mencionar solo algunos ejemplos.
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Esta disparidad dialógica presenta a la izquierda española como el antídoto frente a la genealogía tóxica de la derecha y, sobre ese relato de superioridad moral que domina a la perfección, construye al mismo tiempo el discurso del miedo. Y es precisamente esa anestesia del miedo lo que le sirve a este Gobierno como catalizador para anular cualquier pensamiento crítico entre la mayoría de sus votantes. Miedo y más miedo: miedo a la derecha, miedo a perder las ayudas, miedo a la limitación de las políticas de igualdad, miedo a los recortes. En definitiva, cómplices del miedo por un puñado de monedas.
No importa la deriva autoritaria y mafiosa del Gobierno, la corrupción, el socavón democrático en el intento de finiquitar la separación de poderes, el dislate cuasi esquizofrénico contra el poder judicial y, por ende, contra el Estado de Derecho o la instrumentalización del Tribunal Constitucional. Por no hablar de la malograda “misión de garantizar la soberanía e independencia de España” y la de defender su integridad territorial”, tal como reza en el artículo 8 de nuestra Carta Magna.
Todo esto es carece de transcendencia porque, desde hace años, el Partido Socialista ha sabido sacar rédito al miedo y hoy sigue contando con casi seis millones de acojonados, pero entusiasmados con el relato y las bondades del gobierno: un potente anestésico, un edulcorante que nos ayuda a comprender por qué hay tanto descamisado que volvería a votar a un cisne negro o al mismísimo diablo si hiciera falta.
Habrá quien defienda que esos miedos no son infundados, sino una descripción certera del programa electoral de la derecha e incluso que son el pan de cada día en el acuerdo de pactos entre el PP y Vox en los territorios donde ya gobiernan. Pero, lo cierto es que responden a la deriva de una estrategia diseñada para agitar emociones desde el relato del miedo. No son sino la reivindicación de una bandera ideológica y la quintaesencia de la propaganda para polarizar aún más al electorado y para desviar la atención, sobre todo, de los casos de corrupción que pesan sobre el gobierno.
¿Qué otra cosa sino miedo podríamos esperar de un presidente que ha implantado la ley del terror hasta en su propio partido y que ha llegado a pactar incluso con aquellos que quieren hacer añicos nuestra convivencia?
El verdadero peligro de todo esto no recae en los casi seis millones de “espabilaos” —muchos de ellos dependientes del Estado y atemorizados por un monstruo imaginario—, ni siquiera en los fantasmas reaccionarios que agitan a diario desde el Gobierno, sino en la cronificación de una degradación institucional que pone en riesgo la convivencia de una sociedad libre y democrática.
Mientras tanto, el verdadero lobo del cuento sigue durmiendo plácidamente en La Moncloa
