El "Mein Kampf" de P.S. o lo que está por venir

Que nadie lo dude: P.S. es capaz de todo con tal de garantizar su supervivencia política y personal. Ni adelantará elecciones ni dimitirá por mucho que se lo reclame la mayoría en el Congreso. Su único proyecto político es perpetuarse en el poder cueste lo que cueste, incluidos algunos escenarios que ponen los pelos de punta. El contrapunto para evitar males mayores sería articular con éxito una moción de censura que, a día de hoy, es simple y llanamente inviable.

Así las cosas, y dada su imperiosa necesidad de atornillarse a la poltrona, mucho nos tememos que el inquilino de Moncloa no dudará en provocar la parálisis permanente de las instituciones y socavar aún más la ya de por sí frágil democracia española. Uno de sus propósitos, y no el único, es muy claro: acabar con la separación de poderes y someterlos a los designios del poder ejecutivo bajo la coartada de “la soberanía popular”. De esto mismo hay más que sobradas evidencias de cómo, por ejemplo, el autócrata ha ido progresiva y sutilmente apuntalando el contrapeso de poderes y ha puesto todo su empeño en erosionar la independencia judicial.

Como ya he mencionado en alguna ocasión, su objetivo es convertir a los tribunales en meros títeres del poder ejecutivo. La reforma exprés del CGPJ, el acoso a jueces como Juan Carlos Peinado y Manuel García-Castellón por investigar casos “sensibles” al gobierno y a su entorno, o la cantinela de lawfare contra el Tribunal Supremo forman parte de esa obsesión sanchista. Y, además, para todo ello cuenta incluso con la connivencia de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, que ya ha actuado como un tribunal de casación bajo el mando del sanchismo, y no como un órgano imparcial en la asesoría de los resortes de la Constitución. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Por si esto no nos pone sobre aviso, el hecho de que en las últimas semanas el argumentario del gobierno haya dejado patente el enfrentamiento directo contra los contrapoderes del estado hace saltar todas las alarmas. Instantes después de que el Tribunal Supremo notificara la sentencia del conocido como “caso mascarillas” y por la que se condena al exministro socialista José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, 8 meses y un día por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, el Gobierno ponía en cuestión la dureza de las penas y “la imparcialidad” de la sentencia al eximir al empresario Aldama de entrar en prisión. A pesar de que la condena fue unánime, los ministros de turno y los altavoces mediáticos del sanchismo y escupían sobre la sentencia frases como “supuesto amaño” o “sentencia de difícil digestión”. Cabría recordar desde aquí a toda esa horda de lamerones desinformados, que el Tribunal acordó suspender la ejecución de la pena  de 4 años y 6 meses de prisión a Aldama por su colaboración, motivo por el cual se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia.

Tampoco hay que perder de vista el posible amaño de unas futuras elecciones. Un escenario que ya va tomando forma con pasaportes repartidos a trote y moche en el exterior por la infame Ley de Nietos —o tataranietos, según se mire—y con la que pretende hinchar el censo con 2,5 millones de peticiones que, junto a la posibilidad de adulterar el voto por correo, son a buen seguro algunas de las maniobras concebidas por el tramposo personaje de Moncloa. Y todo ello sin olvidar los 1,3 de regularizados en los últimos años. Quien no lo crea, que consulte las denuncias de particulares por la compra de voto por correo o que mire el resultado del voto CERA en las últimas elecciones autonómicas celebradas en Andalucía, Castilla y León y Aragón, donde el PSOE, “paradójicamente", fue la formación política más votada. ¿Causalidad o intencionalidad? Juzgue usted mismo.

Pero lo más grave de todo, y de lo que ya vamos pergeñando sus primeros esbozos, es la determinación del Gobierno de poner fin al conflicto territorial con el asunto de la España plurinacional. Podríamos pensar que algo así no tiene encaje en nuestra Constitución, pero eso mismo pensábamos de la amnistía a los golpistas catalanes y ahí está. No descartemos, en este sentido, que se abra la espita de sendas consultas de independencia en Cataluña y en Las Vascongadas y ponga con ellas tal carga de dinamita en los pilares de la Constitución que salte todos por los aires. Todo es posible, incluso encender la mecha republicana para poner en un brete a la Monarquía parlamentaria con unas hipotéticas elecciones plebiscitarias.

Está claro que el acorralado P.S. hará lo indecible para alimentar de su mano al independentismo en su “Mein Kampf” particular, pues de ellos dependería, llegado el caso, la aprobación de un suplicatorio en el Congreso; algo que cada día que pasa cobra más fuerza a raíz de los informes de la UCO, donde todo apunta a que P.S. es el number one, el capo de la mafia o “el puto amo”, que diría el ministro Puente.

Que no nos quepa ninguna duda: el autócrata sujeta una cerilla en un polvorín que dejará caer cuando le queme en las yemas de los dedos. Su última carcajada en el Congreso nos debería inquietar mucho. Ojalá no sea el augurio de lo que puede está por venir. 

 

José Luis, sé fuerte

Horas después de que se conociera el auto de imputación emitido por el juez Calama contra José Luis Rodríguez Zapatero, las reacciones de nuestros queridos políticos no se han hecho esperar. Algunas de ellas se han verbalizado incluso desde el hemiciclo del Congreso de los Diputados, donde la izquierda socialista ha dejado claro su total apoyo al expresidente.

Por su parte, el portavoz de Ezquerra Republicana, alias Rufián, ha dicho que está “jodido”, que se ha leído –permítanme que lo dude– los 85 folios del auto de imputación contra ZP y ha concluido que “está muy bien escrito”, que si “esto es verdad es una mierda y que si no lo es, también”. Y ha añadido que, a pesar del "afecto" que profesa al expresidente, a quien agradece todos sus esfuerzos por colaborar estrechamente en la puesta en libertad de los golpistas catalanes, también “tiene ojos”, por lo que intuimos o que antes los tenía cerrados o que el sectarismo no le permitía ver más allá de sus narices. El "orgulloso charnego" (como a sí mismo se identifica) ha dado por concluida su intervención aclarando a sus señorías que la izquierda “somos otra cosa” y ha advertido a los jueces que "dejen de hacer política porque el PP ya gana las elecciones". Todo ello a la sazón y en el considerado estilo de quien no es más que una piñufla política, un mangarrán de orinal y palangana y un mamporrero del independentismo catalán que hace honor a su apellido.

En la misma línea se ha expresado la portavoz de Podemos, alias la niña de la curva, que ha pasado de acusar al juez Calama de "lawfare" para terminar diciendo que “pinta fea”, digo “feo”. Y es que Belarra sabe sumar algo mejor que su otrora compañera gallega de aventuras, la tal Yolanda Díaz, alias doña Tucán. La navarra ha despegado los deditos de los puños para descubrir en la aritmética andaluza el albañal por el que desagua la inmundicia de su formación política. Así que ahora toca apretarse los machos y cambiar de discursito por lo que pueda venir.

Pero no nos llevemos a engaño por toda esta retórica de falsa tinta, ya que corremos el riesgo de equivocarnos. Me explico: la extrema izquierda no daría nunca su apoyo ante la tanteada moción de censura por parte del PP y, de momento, tampoco rompería su alianza política con el caudillo Sánchez. Y menos aún esperamos que desde la extrema derecha y xenófoba de Junts hagan de tripas corazón y secunden una moción de censura al alimón con los ultras de Vox. Ni hablar del peluquín. A todos estos galloferos y pintamonas de la política catalana les va muy bien con el secuestro fiscal y el expolio de los españoles. Por muy responsable que sea el presidente del gobierno sobre los presuntos delitos que se le imputan a Zapatero, no dejarán que caiga ni por asomo.

¿Y qué dicen los del PNV? A día de hoy, más allá de su impostada incomodidad con Sánchez e instarle a dar una explicación urgente, no parece que los mismos que en su día apelaron a la ética contra la corrupción para tumbar a Rajoy vayan a mover un dedo para sacar de la Moncloa su particular exprimidora. Ni mucho menos. Aquel “Luis, sé fuerte” con el que por menos apuñalaron políticamente a Rajoy no parece que ahora, con un tal José Luis por delante, apele en la misma medida a las conciencias nacionalistas vascas. Ellos a lo suyo: a trincar y a mamar de la teta del Estado español. Todo sea por la pasta.

No cabe, pues, esperar un gesto de decencia ni de nacionalistas ni de separatistas ni tampoco de la extrema izquierda para desalojar a Sánchez. Y, desde luego, se nos antoja bastante difícil que el PP se lance al ruedo político con una moción de censura. Los números no dan. Sin embargo, la obligación política y moral del principal partido en la oposición es presentarla cuanto antes. El riesgo a perderla es evidente, pero la oportunidad política de retratar a mercachifles, ganapanes y a tanto presunto delincuente político es única.

Ante la disyuntiva de la conformidad política y la presunta actividad criminal de un gobierno, el señor Feijóo no tiene otra opción. Más aún, cuando quien nos gobierna es un autócrata sin escrúpulos, sin una onza de ética y sin ninguna dignidad política; un tipo que está enfermo de poder y quiere preservarlo a cualquier precio, cueste lo que cueste, incluso a expensas de la democracia y del Estado de Derecho.

Así que, señores del PP, dejen a un lado el tacticismo político y no fantaseen con unas elecciones anticipadas, porque el infame colaboracionista de dictaduras caribeñas no se va ni con agua caliente. Lo dicho: pónganse manos a la obra con una más que necesaria y urgente moción de censura. El tiempo apremia.

¿Conformismo o analfabetismo de rebaño?

Rara es la mañana en la que no nos despertamos con algún escándalo que evidencia hasta qué punto el Gobierno actúa de espaldas a las reglas más básicas del orden institucional. Hay tantas y tantas taras democráticas que convendría recordar con frecuencia ante qué y ante quiénes nos enfrentamos. Tarea bastante difícil cuando hay una buena parte de la prensa rendida ante “los encantos” del sanchismo y existe una corriente de la opinión pública que ha normalizado, asumido y aceptado el marco comunicativo diseñado desde Moncloa.

Imaginemos por un momento cómo estarían las calles de nuestras ciudades si el presidente del Gobierno fuera un tal Feijóo y tuviera a su entorno procesado, encarcelado o a punto de sentarse en el banquillo. ¿Qué dirían los socialistas y comunistas si algún ministro popular o incluso su presidente descalificara la actuación judicial o señalara a periodistas incómodos desde la tribuna de oradores en el Congreso? O ¿cómo reaccionarían los radicales defensores de tener la nevera llena si las frutas, las legumbres, las verduras y la leche pasaran de tener un 2% a un 4% de IVA? Por no hablar de la subida de hasta un 40% de los huevos o del hachazo fiscal a autónomos y trabajadores, que cada día sufren más para llegar a fin de mes. En este contexto, cabría preguntarse cómo responderían los sindicatos, tan preocupados ellos por el escudo social (léase estatalización encubierta), tras conocer, según Eurofound —agencia vinculada a la Unión Europea y dedicada al análisis del mercado—, que España es el segundo país de la UE con mayor inseguridad laboral.

Y ¿qué diría la prensa oficial del régimen sanchista si un hipotético gobierno de la derecha hubiera recibido 71.000 millones de euros en fondos europeos y solo se hubiera invertido algo más de la mitad? ¿Cuántos ríos de tinta se habrían escrito si Feijóo hubiera excarcelado a cientos de violadores o hubiera concedido el indulto a dirigentes políticos condenados por corrupción y sedición? Por no hablar del apagón de hace justo ahora un año, de los ocho muertos que se llevó en un país a oscuras y de la pérdida para la industria de más 3.000 millones de euros, o de la tragedia del accidente ferroviario de Aldamuz, donde perdieron la vida 45 personas. 

¿Se imagina usted las editoriales y las portadas de la prensa del régimen si el inquilino de La Moncloa fuera otro?

A buen seguro que si todo esto hubiese acontecido con un gobierno de derechas y los medios afines al “progresismo” hubieran dado una cobertura intensiva, el clima social sería mucho más convulso. A estas alturas no se podría ni respirar con tanto humo negro de neumáticos quemados en innumerables barricadas, pero con Sánchez nunca pasa nada: todos sentaditos en el sofá de casa viendo series de Netflix o disfrutando de las “hazañas” futbolísticas del Barça y el Madrid.

Cierto es que son legión aquellos que muestran su enfado y preocupación en las redes sociales, donde la disidencia más incisiva se ha convertido más en un espacio virtual para el desahogo personal que en una herramienta útil de movilización contra el déficit ético y moral que reside en el Gobierno y contra sus políticas. Podríamos convenir en que las redes sociales están que arden, pero las calles no.

Y es que las cosas no se cambian a golpe de X, en YouTube o en Instagram; tampoco se cambian desde una oposición inerte que, en un gran alarde de estupidez, no reacciona ante la emergencia del expolio y la humillación de los españoles. Desde esa perspectiva, uno tiene la impresión de que los dos partidos principales de la oposición necesitan tejer consensos sólidos con los que confrontar la hegemonía del caos; pero, en su lugar, siguen obstinados en la estrategia del oportunismo político mucho más que en el interés general. La falta de un consenso amplio y la construcción de una alternativa sólida dificulta corregir la deriva institucional. Pero, oiga, con estos bueyes hay que arar, que diría el castizo. Y así nos va.

Mientras el conformismo —o, mejor dicho, el analfabetismo de rebaño—, por un lado, y el clientelismo político y el voto cautivo, por otro, conforman el panorama sociológico de esta querida España, las próximas generaciones se enfrentan a un futuro incierto que nada bueno puede traer. Más allá de una más que probable desafección o desapego político, lo que está en juego entre los más jóvenes es la frustración masiva y el resentimiento y, por si fuera poco, una más que probable deriva antisistema, tal como preconiza la politóloga Estefanía Molina en su ensayo Los hijos de los boomers, lectura obligada para comprender el rechazo de nuestros chavales al sistema democrático.

Así las cosas y con tanto pesimismo en el frente, solo queda refugiarse, a este lado de la trinchera, en los recovecos heridos de voces abstractas y frases inconexas, donde residen los deseos más oscuros y donde el lector puede o no coincidir con ellos como solución final y urgente, tal como consta en las ultimas líneas de esta reflexión:

Ese laberinto incluye moverse inevitablemente negando apariencias, recordando arquetipos, pensando silencios.

El cinismo de la legalidad frente a la barbarie

Resulta extremadamente cansino tener que lidiar, una y otra vez, con la miseria humana que se esconde detrás de la tan manida defensa del derecho internacional, sobre todo en boca de algunos gobernantes que han llegado incluso a blanquear no pocas dictaduras o, en el mejor de los casos, se han puesto de perfil.

Sea lo que sea eso del derecho internacional, parece evidente que debería ser revisado, porque solo sale a pasear con correa y bozal cuando algunos propietarios y dueños del cinismo y la hipocresía internacional lo sacan a defecar por las esquinas, obviando, eso sí, la defensa de los derechos humanos.

Unos sostienen que el derecho internacional existe para, entre otras cosas, impedir que los países se invadan entre sí. Otros argumentan que sin derechos humanos, no hay derecho internacional, pues la base legal de todo orden jurídico descansa en las garantías fundamentales de la dignidad humana. De manera que la defensa del derecho internacional se traduce, en no pocos casos, en la traición y la violación de los derechos humanos que supuestamente pretende proteger. 

A la vista de esta paradoja de la legalidad, uno se puede preguntar qué derecho internacional, ni qué ocho cuartos, se puede esgrimir desde el orden jurídico para defender las dictaduras de Venezuela, la de Cuba o la de la República Islámica de Irán, donde la inmunda ecuación del régimen terrorista de los ayatolás ha dado como resultado que la represión contra las manifestaciones populares se haya cobrado más de 30.000 víctimas, incluyendo las ejecuciones públicas de mujeres y homosexuales.

No olvidemos tampoco la flagrante violación de los derechos humanos en la anexión del Sáhara a Marruecos —aprobada con el plácet del Gobierno de España y con el visto bueno de la Unión Europea—, pasándose por el arco del triunfo las resoluciones de la ONU y, con ellas, los derechos del pueblo saharaui.

Y qué decir de la sanguinaria persecución contra los cristianos a cargo de terroristas islámicos en Nigeria, en la República del Congo o en Siria. ¿Por qué buena parte de la comunidad internacional y de los organismos internacionales guardan silencio o miran hacia otro lado? ¿Acaso exterminar cristianos no responde a las expectativas del derecho internacional?

Queda muy claro que el denominador común en los países citados se corresponde con la sistemática vulneración de los derechos humanos y las libertades políticas y que, en algunos casos, se lleva a cabo con la connivencia de la esfera política internacional. Afortunadamente, el Consejo de la UE ha incluido formalmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en su lista de organizaciones terroristas. Aunque Bruselas no concreta ninguna medida al respecto, se agradece el gesto. Sin embargo —permítanme la digresión, porque si no lo digo, reviento—, el Gobierno de España, amigo del régimen de Teherán, sigue haciendo gala de un silencio atronador y obvia términos como “terrorismo” o “exterminio” contra la población civil. Tanto y tan bien lo hace nuestro presidente, que hasta le felicitan formalmente desde Irán e incluso colocan su efigie en los misiles iraníes; fiel retrato de un “ser de luz” tan familiarizado con la muerte como con las tumbas.

Dicho todo esto, ¿qué debe prevalecer: el derecho internacional o la defensa universal de los derechos humanos? ¿Qué valor tiene un marco jurídico internacional si se aplica de forma arbitraria? ¿Están justificadas las intervenciones bélicas contra los infractores de los derechos humanos?

No tenemos respuestas claras, más aún cuando la doctrina jurídica internacional no prevé el ataque preventivo sin la debida legalidad. Pero quedarse de brazos cruzados y ladrar por ladrar desde la esfera política internacional, sin adoptar medidas concretas frente a la vulneración de los derechos humanos, suele entrañar mayores riesgos que una intervención a tiempo. Más aún cuando, paradójicamente, “la ley que ampara al criminal se convierte ella misma en crimen”, tal como advirtió el dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956), marxista, exiliado del nazismo y profundamente comprometido en la lucha contra el fascismo.

Mientras la política global de la inmundicia se aferra a la coartada del derecho internacional y sacan la "cartita" de la ONU contra el “genocidio” de Gaza, otros países asumen la legítima defensa del Estado de Israel frente a las organizaciones terroristas de Hamás o Hezbolá, ambas financiadas por el régimen de Irán. Pero lo más sorprendente, a la vez que vomitivo, es que una buena parte de esa gran reserva fecal de algunos de sus dirigentes y, en particular, en países como España es la misma que evita pronunciarse sobre el exterminio silencioso en África, la opresión y el exilio de millones de personas en las dictaduras de Latinoamérica o la ejecución indiscriminada de civiles en Irán, perpetrada —no lo olvidemos—, por un miserable puñado de fanáticos religiosos y terroristas.

Ser rebelde no es aquel que dice “no [a la guerra], sino aquel que dice sí a una dignidad que la ley, cuando se pervierte, ya no garantiza” (Camus, 1913‑1960).

Medio millón (o más) de sombras “marronas”

El pasado 27 de enero el Gobierno aprobó por vía de urgencia la tramitación de un proyecto de Real Decreto sobre la regularización masiva de medio millón de inmigrantes, aunque esa cifra podría ser mucho mayor. Se calcula que la medida permitirá legalizar a unas 800.000 personas que actualmente carecen de permiso de residencia.

Como en tantas otras ocasiones, la medida no pasó por la convalidación parlamentaria en el Congreso, ya que Junts podría haber tumbado cualquier reforma de la Ley de Extranjería contraria a sus intereses políticos y, sobre todo, partidistas. Más aún, cuando la líder independentista de Aliança Catalana, Silvia Orriols, viene atizando de lo lindo en las encuestas y comiendo mucho terreno al "indepe" de Waterloo". Y ya sabemos que la noia Silvetta no es que sea precisamente muy partidaria de facilitar la entrada de inmigrantes en Cataluña; más bien todo lo contrario. Su postura contra la inmigración es uno de los asuntos prioritarios en su discurso político y una de las razones de su fulgurante ascenso en las encuestas. Puigdemont lo sabe y Sánchez también. Así que, dada la aritmética parlamentaria, el Gobierno ha preferido apoyarse en Podemos para sacar adelante la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. Ya veremos si con el tiempo y una caña, el prófugo de Junts no termina aceptando pulpo como animal de compañía y cede a cambio de alguna competencia que otra como contraprestación a la aplicación de la medida: inmigrantes sí, pero no en Cataluña.

La cesión del Ejecutivo a Podemos llega en un momento de extrema debilidad para un Gobierno cercado por la corrupción y en horas muy bajas tras el accidente de Adamuz y el monumental batacazo electoral en Extremadura. Podríamos considerar la regularización, junto con el galimatías de la revalorización de las pensiones y el “escudo social”, como una maniobra de distracción de cara a la opinión pública. Es decir, una cortina de humo más que impida ver las deficiencias de un Gobierno que lleva mucho tiempo moviendo la bolita del trile y dando palos de ciego.

Pero el trasfondo del asunto va mucho más allá. Y es que, tal y como apunta el PP, la regularización podría alterar el censo electoral de cara a próximos comicios municipales. Supuestamente, el voto inmigrante beneficiaría a la quinta columna de la izquierda en algunas circunscripciones locales, según el relato de los populares. Otros, más a la derecha, ven en la regularización la sombra de una invasión encubierta. Tal vez las dos derechas tengan razón y no haya más ciego que el que no quiera verlo.

Pero aún hay más: la izquierda radical pretende que los regularizados también puedan votar en unas elecciones generales. Su objetivo es cambiar el mapa electoral a golpe de inmigrante, apelando incluso a la teoría del reemplazo, “barriendo de fachas y de racistas este país con gente migrante, sea china, negra o marrona”. Eso ha dicho Irene Montero desde esa infinita miseria humana que la caracteriza. 

Aquellos que intuíamos que eso del reemplazo era cosa de la derecha, de la inteligencia artificial, en definitiva, de una gran conspiración de los tecno-oligarcas, resulta que no, que el reemplazo es cosa de la izquierda caviar, cuya inteligencia es la misma que la de un mosquito sobrevolando una autopista en una noche de verano durante una operación salida. No cabe un tonto más.

La medida es, cuando menos, temeraria. La han aprobado a tientas, sin luces (ni taquígrafos), con una venda en los ojos, jugando a ver qué cae de la piñata. Pero en lo que no han reparado ni unos ni otros en esa izquierda tan “progresista” es que la regularización masiva, más allá de ser una maniobra electoralista o una cortina de humo, es, además de cínica, contraria a los intereses de aquellos que dicen defender. Y es que una regularización de inmigrantes sin una evaluación mínima de sus consecuencias puede ser catastrófica, ya que se pone en riesgo la economía, la seguridad y la cohesión social. Veamos:

A los ya de por sí saturados servicios públicos como la sanidad, una llegada descontrolada de inmigrantes podría generar, adicionalmente, una mayor precarización en el mercado laboral, perjudicando no solo a la clase trabajadora autóctona, sino también a los inmigrantes ya sean regularizados o no. Por no hablar del acceso casi inmediato a las ayudas públicas --como el IMV-- y el esfuerzo fiscal que supondrá a las ya castigadas costillas de los asalariados españoles. 

Huelga decir que un flujo incontrolado de inmigrantes supondría, además de un grave riesgo para la seguridad ciudadana, un aumento de las redes criminales de tráfico ilícito de personas procedentes de África.

                    (Fuente: The Objective)

Desde el punto de vista social, la regularización indiscriminada desincentiva una integración ordenada y refuerza el discurso de la extrema derecha hasta el paroxismo, intensificando una confrontación identitaria sin precedentes. En resumen, más resentimiento y mayor polarización.

Se mire por donde se mire, la estrategia de inundar el país con una regularización masiva solo persigue la política del caos. Es a todas luces una medida democráticamente insana, sin debate previo, sin consenso político y sin una planificación previa sobre el impacto que supone. Y todo ello con un único fin: la confirmación de una nueva base electoral para perpetuarse en el poder a cualquier precio, sin importarles ni un pimiento la economía, la seguridad o la supervivencia de la cohesión social.

En definitiva, un ejemplo más de la bancarrota de la ética de un gobierno cegado por la erótica del poder. Es el “todo vale” de estos tiempos de penumbra en los que acechan sombras “marronas”. Mientras tanto, en otros países europeos se apuesta claramente por endurecer los requisitos de entrada y de ciudadanía de los inmigrantes. Vayan tomando nota.

Felipe VI, el Rey-tenido

A estas alturas, deberíamos saber que, según el artículo 56.1 de nuestra Carta Magna, “el Rey es el Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Nadie, por lo tanto, debería poner en duda su neutralidad en el funcionamiento de las instituciones.  Sin embargo, a raíz de su intervención en la X Conferencia de Embajadores en Madrid, esa imagen nítida de lo que debería ser su papel como jefe del Estado se ha visto emborronada, hasta tal punto que se ha puesto en jaque su neutralidad por no pocos columnistas. Y no es para menos, porque la instantánea de sus reflexiones en torno a la calificación de los presos políticos en Venezuela coincide con la del presidente del Gobierno. Ambos se han referido a los presos españoles del régimen del dictador Maduro como simples “retenidos”, sin pronunciarse, además, sobre las atrocidades y la vulneración de los derechos humanos perpetrados por el régimen bolivariano.

Es inadmisible e inaceptable que el jefe del Estado se someta a las cabriolas argumentales del ejecutivo a fin de no perjudicar las presuntas conexiones del PSOE y de la extrema izquierda con Venezuela, actuando como “colaborador necesario” en el blanqueamiento de la dictadura venezolana. Y, por si fuera poco, todo ello aderezado con la interesada alusión del monarca sobre la “conculcación sistemática” del Derecho Internacional.

No cabe mayor hipocresía ni mayor sumisión por parte de la Casa Real a un gobierno que, como él, obvia la vulneración de los derechos humanos y minimiza con su silencio la gravedad de las atrocidades del régimen autoritario de Chávez y Maduro en el último cuarto de siglo –que se dice pronto–: detenciones arbitrarias, torturas, desaparecidos, miseria, hambre, asesinatos y millones de exiliados. Cabría, entonces, preguntarse, si a juicio del monarca, la acusación de narcoterrorismo y de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista y bolivariano están o no vinculados con las violaciones del Derecho Internacional. 

El Rey no sólo está distanciado de la realidad social española, tal y como demostró en su última alocución navideña, sino que, además, sus “reflexiones” revelan, cuando menos, un sesgo ideologizado e incluso cierto tufo doctrinal en algunas de los asuntos relativos a la geopolítica y a la seguridad global. Por no hablar de sus últimas declaraciones a los medios de comunicación sobre la reciente tragedia de Adamuz y la tan positiva –y tan politizada– valoración que hace in situ sobre las infraestructuras; algo mucho más propio de un ministro a sueldo que de un monarca y que, francamente, resulta bastante incongruente y contradictorio. Más aún si tenemos en cuenta la opinión de los expertos al señalar que la tragedia de Adamuz se debió al abandono progresivo de la seguridad de la red ferroviaria y a la falta de inversión en su mantenimiento. 

Todo indica que nuestro entrañable rey está sometido por Moncloa desde el vergonzoso episodio de Paiporta y que, desde entonces, sus discursos e intervenciones públicas no son sino proclamas al dictado del sanchismo o, en su defecto, del puño y letra de un tal Camilo Villarino, Jefe de la Casa de su Majestad El Rey. ¿O acaso hay alguien más que susurra al Rey en cada discurso? Se me ocurre aquello que se dice de los jugadores de fútbol cuando no dan pie con bola y se habla de su entorno. Correremos de momento un tupido velo y evitaremos echar más leña al fuego, porque hablar de su querida esposa en todo este entuerto se me hace bola. Así que, de momento, punto y aparte.

Al rey se le reclama diligencia y saber estar ante la sociedad española y, últimamente, no parece que esté dedicado en cuerpo y alma ni a una cosa ni a la otra. El discursito sobre Venezuela pasa de castaño oscuro y no parece que quien nos hable sea digno representante de la Corona española, sino más bien un camello del cártel de los Soles.

Esperemos que, por su bien, cuando caiga la dictadura en Cuba no tengamos que calificar su alocución como insólita y mucho más propia de una jinetera en La Habana que de un rey al servicio de España. No adelantemos acontecimientos y roguemos al destino que, para entonces, su Majestad haya sabido cómo liberarse ambas muñecas de los grilletes del sanchismo. Ora pro nobis.

España, ceremonia de cuerpo presente

La muerte de España como nación democrática viene de lejos. Para encontrar los primeros signos de decrepitud hay que remontarse al año 2006, cuando el Gobierno de Zapatero intentó inscribir en mármol las primeras sílabas del epitafio de la Constitución del 78. Lo hizo con aquel infame Estatut catalán con el que España recibía un certero disparo por la espalda. Años más tarde, en 2017, se consumó el segundo atentado contra la unidad territorial del Estado con la fallida Declaración unilateral de independencia de Cataluña. España entró en parada cardíaca durante 44 segundos. Se salvó de milagro gracias a la rápida intervención del Tribunal Constitucional, pero, desde entonces, sobrevive en estado comatoso a merced de los extorsionistas del independentismo catalán, liderados desde Waterloo por un prófugo de la justicia.

Actualmente, por “capricho” de la aritmética parlamentaria, gobierna un desalmado socialista que ha mutado—aún más—la naturaleza primigenia del partido socialista sobre la cuestión de la unidad territorial, cediendo a las exigencias del radicalismo catalán y haciendo propia la bandera del odio contra la nación española. Esclava de, digamos, un pretendido progresismo, a la España democrática le quedan dos telediarios. Ahí está, a la vista de todos, desangrándose ante la mirada afilada de sus verdugos y la pasividad de, digamos también, sus pretendidos defensores.

España ya no es una nación, ni siquiera una postnación en el sentido que Habermas otorga al término, donde la identidad cultural o étnica se diluye en favor de un proyecto común basado en principios democráticos y fundamentales dentro del marco legal de una constitución. No, España es casi un cadáver; un territorio fracturado donde el concepto de la soberanía compartida ha sido sustituido por el de su disolución y el saqueo institucional. La postnación habermasiana requería, al menos, de un marco de derechos y libertades respetado por todos. Pero ya no existen marcos que valgan, solo restos. Los nacionalismos periféricos han devorado la idea misma de España, mientras el gobierno socialista, lejos de defenderla, negocia con los sepultureros el reparto de sus despojos. España agoniza víctima de un puñado de mequetrefes separatistas y de una izquierda lúgubre y tenebrosa; rodeada de sombras goyescas que sofocan la luz del entendimiento y el acuerdo común entre españoles.

Ante tal panorama no resultaría difícil imaginar las exequias de nuestra querida España en un improvisado velatorio del Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. En su lecho de muerte rezarían por su alma figuras enlutadas: plañideras conservadoras de rosario en mano y patriotas del tres al cuarto cegados por el humo de los hachones. En la cabecera, el Presidente del Gobierno fingiría la gravedad del duelo. Al fondo, vuelto de espaldas, el Rey.

La mortaja de España exhibiría con deshonor una oscura túnica, tejida a mano por el mismísimo Tribunal Constitucional. No sorprendería que su féretro estuviera cubierto con la enseña de lo que para algunos fue el símbolo de la discordia y desfilara por la capital del Reino entre el ruido de sables y el murmullo de traiciones, ahogadas por el grito de independistas y el abucheo de radicales socialistas y comunistas.

Fiel a su propio esperpento, el entierro de España no sería un acto solemne. No habría honores militares ni discursos emocionados, sino tuits vacíos y memes de España subiendo a los cielos, a la derecha de Dios o de Franco. Tampoco habría luto nacional, porque ya no quedaría nación que llorar. España sería enterrada en una fosa común junto a otros Estados fallidos del siglo XXI, víctima de sus propias contradicciones y de la cobardía de quienes pudieron salvarla y no lo hicieron.

Requiescat in pace.