El cinismo de la legalidad frente a la barbarie

Resulta extremadamente cansino tener que explicar, cada dos por tres, la miseria humana que se esconde detrás de la tan manida defensa del derecho internacional, sobre todo en boca de algunos gobernantes que han blanqueado las dictaduras de Latinoamérica o, en el mejor de los casos, se han puesto de perfil.

Sea lo que sea eso del derecho internacional, parece evidente que debería ser revisado, porque solo sale a pasear con correa y bozal cuando algunos propietarios y dueños del cinismo y la hipocresía internacional lo sacan a defecar por las esquinas, obviando, eso sí, la defensa de los derechos humanos.

Unos sostienen que el derecho internacional existe para, entre otras cosas, impedir que los países se invadan entre sí. Otros argumentan que sin derechos humanos, no hay derecho internacional, pues la base legal de todo orden jurídico descansa en las garantías fundamentales de la dignidad humana. De manera que la defensa del derecho internacional se traduce, en no pocos casos, en la traición y la violación de los derechos humanos que supuestamente pretende proteger. 

A la vista de esta paradoja de la legalidad, uno se puede preguntar qué derecho internacional, ni qué ocho cuartos, se puede esgrimir para asistir desde el orden jurídico internacional a la defensa de la dictadura de Venezuela, la de Cuba o la del régimen de la República Islámica de Irán, donde la inmunda ecuación del régimen terrorista de los ayatolás da como resultado que la represión de las manifestaciones se haya cobrado más de 30.000 víctimas, incluyendo las ejecuciones públicas de mujeres y homosexuales.

No olvidemos tampoco la flagrante violación de los derechos humanos en la anexión del Sáhara a Marruecos —aprobada con el plácet del Gobierno de España y con el visto bueno de la Unión Europea—, pasándose por el arco del triunfo las resoluciones de la ONU y, con ellas, los derechos del pueblo saharaui.

Y qué decir de la sanguinaria persecución contra los cristianos a cargo de terroristas islámicos en Nigeria, en la República del Congo y en Siria. ¿Por qué buena parte de la comunidad internacional y de los organismos internacionales guardan silencio o miran hacia otro lado? ¿Acaso exterminar cristianos no responde a las expectativas del derecho internacional?

Queda muy claro que el denominador común en los países citados se corresponde con la sistemática vulneración de los derechos humanos y las libertades políticas y que, en algunos casos, se lleva a cabo con la connivencia de la esfera política internacional. Afortunadamente, el Consejo de la UE ha incluido formalmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en su lista de organizaciones terroristas. Sin embargo —permítanme la digresión, porque si no lo digo, reviento—, el Gobierno de España, amigo del régimen de Teherán, sigue haciendo gala de un silencio atronador y obvia términos como “terrorismo” o “exterminio” contra la población civil. Tanto y tan bien lo hace nuestro presidente, que hasta le felicitan formalmente desde Irán, llegando incluso a colocar su efigie en los misiles iraníes; fiel retrato de un “ser de luz” tan familiarizado con la muerte como con las tumbas.

Dicho todo esto, ¿qué debe prevalecer: el derecho internacional o la defensa universal de los derechos humanos? ¿Qué valor tiene un marco jurídico internacional si se aplica de forma arbitraria? ¿Están justificadas las intervenciones bélicas contra los infractores de los derechos humanos?

No tenemos respuestas claras, más aún cuando la doctrina jurídica internacional no prevé el ataque preventivo sin la debida legalidad. Pero quedarse de brazos cruzados y ladrar por ladrar desde la esfera política internacional, sin adoptar medidas concretas frente a la vulneración de los derechos humanos, suele entrañar mayores riesgos que una intervención a tiempo. Más aún cuando, paradójicamente, “la ley que ampara al criminal se convierte ella misma en crimen”, tal como advirtió el dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956), marxista, exiliado del nazismo y profundamente comprometido en la lucha contra el fascismo.

Mientras la cloaca política de la inmundicia se aferra a la coartada del derecho internacional y sacan la cartita de la ONU en el “genocidio” de Gaza, esa gran reserva fecal de algunos de sus dirigentes en países como España es la misma que evita pronunciarse sobre el exterminio silencioso en África, la opresión y el exilio de millones de personas en las dictaduras de Latinoamérica o la ejecución indiscriminada de civiles en Irán, perpetrada, no lo olvidemos, por un miserable puñado de fanáticos religiosos y terroristas.

Ser rebelde no es aquel que dice “no [a la guerra], sino aquel que dice sí a una dignidad que la ley, cuando se pervierte, ya no garantiza” (Camus, 1913‑1960).

Medio millón (o más) de sombras “marronas”

El pasado 27 de enero el Gobierno aprobó por vía de urgencia la tramitación de un proyecto de Real Decreto sobre la regularización masiva de medio millón de inmigrantes, aunque esa cifra podría ser mucho mayor. Se calcula que la medida permitirá legalizar a unas 800.000 personas que actualmente carecen de permiso de residencia.

Como en tantas otras ocasiones, la medida no pasó por la convalidación parlamentaria en el Congreso, ya que Junts podría haber tumbado cualquier reforma de la Ley de Extranjería contraria a sus intereses políticos y, sobre todo, partidistas. Más aún, cuando la líder independentista de Aliança Catalana, Silvia Orriols, viene atizando de lo lindo en las encuestas y comiendo mucho terreno al "indepe" de Waterloo". Y ya sabemos que la noia Silvetta no es que sea precisamente muy partidaria de facilitar la entrada de inmigrantes en Cataluña; más bien todo lo contrario. Su postura contra la inmigración es uno de los asuntos prioritarios en su discurso político y una de las razones de su fulgurante ascenso en las encuestas. Puigdemont lo sabe y Sánchez también. Así que, dada la aritmética parlamentaria, el Gobierno ha preferido apoyarse en Podemos para sacar adelante la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. Ya veremos si con el tiempo y una caña, el prófugo de Junts no termina aceptando pulpo como animal de compañía y cede a cambio de alguna competencia que otra como contraprestación a la aplicación de la medida: inmigrantes sí, pero no en Cataluña.

La cesión del Ejecutivo a Podemos llega en un momento de extrema debilidad para un Gobierno cercado por la corrupción y en horas muy bajas tras el accidente de Adamuz y el monumental batacazo electoral en Extremadura. Podríamos considerar la regularización, junto con el galimatías de la revalorización de las pensiones y el “escudo social”, como una maniobra de distracción de cara a la opinión pública. Es decir, una cortina de humo más que impida ver las deficiencias de un Gobierno que lleva mucho tiempo moviendo la bolita del trile y dando palos de ciego.

Pero el trasfondo del asunto va mucho más allá. Y es que, tal y como apunta el PP, la regularización podría alterar el censo electoral de cara a próximos comicios municipales. Supuestamente, el voto inmigrante beneficiaría a la quinta columna de la izquierda en algunas circunscripciones locales, según el relato de los populares. Otros, más a la derecha, ven en la regularización la sombra de una invasión encubierta. Tal vez las dos derechas tengan razón y no haya más ciego que el que no quiera verlo.

Pero aún hay más: la izquierda radical pretende que los regularizados también puedan votar en unas elecciones generales. Su objetivo es cambiar el mapa electoral a golpe de inmigrante, apelando incluso a la teoría del reemplazo, “barriendo de fachas y de racistas este país con gente migrante, sea china, negra o marrona”. Eso ha dicho Irene Montero desde esa infinita miseria humana que la caracteriza. 

Aquellos que intuíamos que eso del reemplazo era cosa de la derecha, de la inteligencia artificial, en definitiva, de una gran conspiración de los tecno-oligarcas, resulta que no, que el reemplazo es cosa de la izquierda caviar, cuya inteligencia es la misma que la de un mosquito sobrevolando una autopista en una noche de verano durante una operación salida. No cabe un tonto más.

La medida es, cuando menos, temeraria. La han aprobado a tientas, sin luces (ni taquígrafos), con una venda en los ojos, jugando a ver qué cae de la piñata. Pero en lo que no han reparado ni unos ni otros en esa izquierda tan “progresista” es que la regularización masiva, más allá de ser una maniobra electoralista o una cortina de humo, es, además de cínica, contraria a los intereses de aquellos que dicen defender. Y es que una regularización de inmigrantes sin una evaluación mínima de sus consecuencias puede ser catastrófica, ya que se pone en riesgo la economía, la seguridad y la cohesión social. Veamos:

A los ya de por sí saturados servicios públicos como la sanidad, una llegada descontrolada de inmigrantes podría generar, adicionalmente, una mayor precarización en el mercado laboral, perjudicando no solo a la clase trabajadora autóctona, sino también a los inmigrantes ya sean regularizados o no. Por no hablar del acceso casi inmediato a las ayudas públicas --como el IMV-- y el esfuerzo fiscal que supondrá a las ya castigadas costillas de los asalariados españoles. 

Huelga decir que un flujo incontrolado de inmigrantes supondría, además, un grave riesgo para la seguridad ciudadana, además de provocar un aumento de las redes criminales de tráfico ilícito de personas procedentes de África.

                    (Fuente: The Objective)

Desde el punto de vista social, la regularización indiscriminada desincentiva una integración ordenada y refuerza el discurso de la extrema derecha hasta el paroxismo, intensificando una confrontación identitaria sin precedentes. En resumen, más resentimiento y mayor polarización.

Se mire por donde se mire, la estrategia de inundar el país con una regularización masiva solo persigue la política del caos. Es a todas luces una medida democráticamente insana, sin debate previo, sin consenso político y sin una planificación previa sobre el impacto que supone. Y todo ello con un único fin: la confirmación de una nueva base electoral para perpetuarse en el poder a cualquier precio, sin importarles ni un pimiento la economía, la seguridad o la supervivencia de la cohesión social.

En definitiva, un ejemplo más de la bancarrota de la ética de un gobierno cegado por la erótica del poder. Es el “todo vale” de estos tiempos de penumbra en los que acechan sombras “marronas”. Mientras tanto, en otros países europeos se apuesta claramente por endurecer los requisitos de entrada y de ciudadanía de los inmigrantes. Vayan tomando nota.

Felipe VI, el Rey-tenido

A estas alturas, deberíamos saber que, según el artículo 56.1 de nuestra Carta Magna, “el Rey es el Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Nadie, por lo tanto, debería poner en duda su neutralidad en el funcionamiento de las instituciones.  Sin embargo, a raíz de su intervención en la X Conferencia de Embajadores en Madrid, esa imagen nítida de lo que debería ser su papel como jefe del Estado se ha visto emborronada, hasta tal punto que se ha puesto en jaque su neutralidad por no pocos columnistas. Y no es para menos, porque la instantánea de sus reflexiones en torno a la calificación de los presos políticos en Venezuela coincide con la del presidente del Gobierno. Ambos se han referido a los presos españoles del régimen del dictador Maduro como simples “retenidos”, sin pronunciarse, además, sobre las atrocidades y la vulneración de los derechos humanos perpetrados por el régimen bolivariano.

Es inadmisible e inaceptable que el jefe del Estado se someta a las cabriolas argumentales del ejecutivo a fin de no perjudicar las presuntas conexiones del PSOE y de la extrema izquierda con Venezuela, y actúe como “colaborador necesario” en el blanqueamiento de la dictadura venezolana. Y, por si fuera poco, todo ello aderezado con la interesada alusión del monarca sobre la “conculcación sistemática” del Derecho Internacional.

No cabe mayor hipocresía ni mayor sumisión por parte de la Casa Real a un gobierno que, como él, obvia la vulneración de los derechos humanos y minimiza con su silencio la gravedad de las atrocidades del régimen autoritario de Chávez y Maduro en el último cuarto de siglo –que se dice pronto–: detenciones arbitrarias, torturas, desaparecidos, miseria, hambre, asesinatos y millones de exiliados. Cabría, entonces, preguntarse, si a juicio del monarca, la acusación de narcoterrorismo y de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista y bolivariano están o no vinculados con las violaciones del Derecho Internacional. 

El Rey no sólo está distanciado de la realidad social española, tal y como demostró en su última alocución navideña, sino que, además, sus “reflexiones” revelan, cuando menos, un sesgo ideologizado e incluso cierto tufo doctrinal en algunas de los asuntos relativos a la geopolítica y a la seguridad global. Por no hablar de sus últimas declaraciones a los medios de comunicación sobre la reciente tragedia de Adamuz y la tan positiva –y tan politizada– valoración que hace in situ sobre las infraestructuras a pesar de algún que otro accidente; algo mucho más propio de un ministro a sueldo que de un monarca y que, francamente, resulta bastante incongruente y contradictorio. Más aún si tenemos en cuenta la opinión de los expertos al señalar que la tragedia de Adamuz se debió al abandono progresivo de la seguridad de la red ferroviaria y a la falta de inversión en su mantenimiento. 

Todo indica que nuestro entrañable rey está sometido por Moncloa desde el vergonzoso episodio de Paiporta y que, desde entonces, sus discursos e intervenciones públicas no son sino proclamas al dictado del sanchismo o, en su defecto, del puño y letra de un tal Camilo Villarino, Jefe de la Casa de su Majestad El Rey. ¿O acaso hay alguien más que susurra al Rey en cada discurso? Se me ocurre aquello que se dice de los jugadores de fútbol cuando no dan pie con bola y se habla de su entorno. Correremos de momento un tupido velo y evitaremos echar más leña al fuego, porque hablar de su querida esposa en todo este entuerto se me hace bola. Así que, de momento, punto y aparte.

Al rey se le reclama diligencia y saber estar ante la sociedad española y, últimamente, no parece que esté dedicado en cuerpo y alma ni a una cosa ni a la otra. El discursito sobre Venezuela pasa de castaño oscuro y no parece que quien nos hable sea digno representante de la Corona española, sino más bien un camello del cártel de los Soles.

Esperemos que, por su bien, cuando caiga la dictadura en Cuba no tengamos que calificar su alocución como insólita y mucho más propia de una jinetera en La Habana que de un rey al servicio de España. No adelantemos acontecimientos y roguemos al destino que, para entonces, su Majestad haya sabido cómo liberarse ambas muñecas de los grilletes del sanchismo. Ora pro nobis.

España, ceremonia de cuerpo presente

La muerte de España como nación democrática viene de lejos. Para encontrar los primeros signos de decrepitud hay que remontarse al año 2006, cuando el Gobierno de Zapatero intentó inscribir en mármol las primeras sílabas del epitafio de la Constitución del 78. Lo hizo con aquel infame Estatut catalán con el que España recibía un certero disparo por la espalda. Años más tarde, en 2017, se consumó el segundo atentado contra la unidad territorial del Estado con la fallida Declaración unilateral de independencia de Cataluña. España entró en parada cardíaca durante 44 segundos. Se salvó de milagro gracias a la rápida intervención del Tribunal Constitucional, pero, desde entonces, sobrevive en estado comatoso a merced de los extorsionistas del independentismo catalán, liderados desde Waterloo por un prófugo de la justicia.

Actualmente, por “capricho” de la aritmética parlamentaria, gobierna un desalmado socialista que ha mutado—aún más—la naturaleza primigenia del partido socialista sobre la cuestión de la unidad territorial, cediendo a las exigencias del radicalismo catalán y haciendo propia la bandera del odio contra la nación española. Esclava de, digamos, un pretendido progresismo, a la España democrática le quedan dos telediarios. Ahí está, a la vista de todos, desangrándose ante la mirada afilada de sus verdugos y la pasividad de, digamos también, sus pretendidos defensores.

España ya no es una nación, ni siquiera una postnación en el sentido que Habermas otorga al término, donde la identidad cultural o étnica se diluye en favor de un proyecto común basado en principios democráticos y fundamentales dentro del marco legal de una constitución. No, España es casi un cadáver; un territorio fracturado donde el concepto de la soberanía compartida ha sido sustituido por el de su disolución y el saqueo institucional. La postnación habermasiana requería, al menos, de un marco de derechos y libertades respetado por todos. Pero ya no existen marcos que valgan, solo restos. Los nacionalismos periféricos han devorado la idea misma de España, mientras el gobierno socialista, lejos de defenderla, negocia con los sepultureros el reparto de sus despojos. España agoniza víctima de un puñado de mequetrefes separatistas y de una izquierda lúgubre y tenebrosa; rodeada de sombras goyescas que sofocan la luz del entendimiento y el acuerdo común entre españoles.

Ante tal panorama no resultaría difícil imaginar las exequias de nuestra querida España en un improvisado velatorio del Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. En su lecho de muerte rezarían por su alma figuras enlutadas: plañideras conservadoras de rosario en mano y patriotas del tres al cuarto cegados por el humo de los hachones. En la cabecera, el Presidente del Gobierno fingiría la gravedad del duelo. Al fondo, vuelto de espaldas, el Rey.

La mortaja de España exhibiría con deshonor una oscura túnica, tejida a mano por el mismísimo Tribunal Constitucional. No sorprendería que su féretro estuviera cubierto con la enseña de lo que para algunos fue el símbolo de la discordia y desfilara por la capital del Reino entre el ruido de sables y el murmullo de traiciones, ahogadas por el grito de independistas y el abucheo de radicales socialistas y comunistas.

Fiel a su propio esperpento, el entierro de España no sería un acto solemne. No habría honores militares ni discursos emocionados, sino tuits vacíos y memes de España subiendo a los cielos, a la derecha de Dios o de Franco. Tampoco habría luto nacional, porque ya no quedaría nación que llorar. España sería enterrada en una fosa común junto a otros Estados fallidos del siglo XXI, víctima de sus propias contradicciones y de la cobardía de quienes pudieron salvarla y no lo hicieron.

Requiescat in pace.

La democracia de la facha-da

No hay explicación racional que justifique el proselitismo del partido socialista que no pase por su propia supervivencia política. Lo que comenzó como una coalición de conveniencia entre fuerzas dispares ha evolucionado en una maquinaria de control institucional sin precedentes. Su propósito es muy claro: acabar con la separación de poderes y someterla a los designios del poder ejecutivo bajo la coartada de "la soberanía popular"; alegato que no deja de ser una definición desajustada de la realidad, pues en España no existe una soberanía popular como tal, sino una soberanía nacional que reside en el pueblo y cuyo poder es representado en las instituciones.

El objetivo de este nuevo “frente popular”, comandado por el gallinero del progresismo 2.0, donde cohabitan socialistas, filocomunistas, soberanistas catalanes y hasta algún cipote supremacista vasco de los de Parabellum 9mm, no es otro que el de la urgente demolición de la democracia española. Para ello cuentan incluso con la connivencia de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, que actúa como un tribunal de casación bajo el mando del sanchismo y no como un órgano imparcial en la asesoría de los resortes de la Constitución. ¡Casi ná al aparato! El gobierno del Sánchez lo tiene todo atado y bien atado, que diría Franco. Y es que bajo el convencimiento de su tiranía ha “confiscado” las Cortes, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y otras tantas instituciones públicas que operan arbitrariamente bajo el escarnio sanchista. 

Hasta ahora ha conseguido lo impensable: subordinar el Estado de Derecho a sus intereses partidistas y a su propia supervivencia personal y política. Para ello ha tejido una red de influencias que estrangula la separación de poderes y, además, mantiene bajo férreo control los engranajes más sensibles de la administración pública. Ya no se trata solamente de una deriva autoritaria al uso, sino de algo mucho más sutil: la perversión sistemática de las reglas del juego.

El secuestro a la democracia no se consumará con tanques en la calle, sino a golpe de decreto, con nombramientos a medida y una retórica sincronizada entre el aparato de Ferraz y los medios afines plagados de periodistas ensobrados que ya criminalizan al “disidente”, al fascista o al ultraderechista, según convenga. Y es que para la prensa del régimen ya no hay vida más allá de las cavernas del mal llamado progresismo.

El ultimo episodio en este continúo asalto a la democracia ha sido acusar al Tribunal Supremo de golpista y franquista. En esta ocasión han sido los cachorros del populismo radical de la extrema izquierda, los que en nombre de su vicepresidenta segunda y tras conocer la condena por revelación de secretos al ya ex fiscal general, Álvaro Ortiz, han apelado a la movilización en las calles en defensa de la democracia.¡ Hay ver lo que le dice la sartén al cazo! Y es que les sirve cualquier pretexto, por irracional que sea, para tensionar y polarizar aún más a la sociedad española, incluso a expensas de poner en riesgo su convivencia. No importa, todo vale.

El resultado de todo esto es una democracia de fachada, donde las urnas son sólo el prólogo de un expolio legalizado. España merece algo mejor que esta gran farsa. Recuperar el sentido común y la independencia de los poderes públicos no es una opción, sino una obligación si queremos evitar la defunción de nuestra Constitución, sí la del 78, la de la convivencia y la garantía del Estado.

La historia los juzgará, pero, mientras tanto, la ciudadanía no puede permanecer mucho más bajo los efectos del cloroformo. Debemos de una vez por todas despertar del estado lisérgico en el que nos hallamos. Solo así, seremos conscientes de lo que realmente está pasando delante de nuestras narices y de la enorme gravedad de la situación, porque a estas alturas urge reivindicar la defensa del orden constitucional sin paños calientes, sin tapujos y sin prejuicios. De lo contrario, correremos el riesgo de meternos en un callejón sin salida o, mejor dicho, de no salir nunca de él.

 

Golpistas y mercachifles

Llegamos al ecuador de la legislatura con una España sumida en una versión sucedánea del progresismo, que poco o nada tiene que ver con los estándares democráticos. Y a es que a estos sacamantecas de tres al cuarto no se les ha ocurrido otra cosa que provocar la parálisis permanente de las instituciones y socavar la democracia española con una buena carga de dinamita en los pilares de la Constitución Española, la suficiente para que el Estado de Derecho salte por los aires el día menos pensado. No hay explicación racional que justifique tal voladura, salvo la de cambiar las reglas de juego para perpetuarse en el poder.

El absoluto desprecio por la democracia, la violación de la Constitución, la colonización de las instituciones, principalmente la del Poder Judicial, y la imperiosa necesidad de promoverlo todo en la prensa oficial del régimen son las líneas de actuación desde las que el Gobierno de España demuestra una notable propensión al golpe de estado para seguir gobernando.

Tras siete años de gestión al frente del Gobierno de gente de mal vivir y demás mercachifles, hemos visto cómo se degradaba el equilibrio de todos y cada uno de los mecanismos democráticos. En el ejercicio de actividades flagrantemente golpistas se enmarca la ausencia de transparencia y control democrático; los continuos intentos por cargarse la separación de poderes y la instrumentalización de los tribunales y, en particular, la del Tribunal Constitucional, que han servido de fortín para blindar judicialmente los desmanes del ejecutivo y sus adláteres. A la vista de todos está; otra cosa es que el profundo sectarismo que profesan algunos les impida verlo. Es lo que tiene vivir con la venda puesta y preciarse, como diría Quevedo, de las cosas del culo.

Los que aún conservamos la vista (y el trasero), a Dios gracias, observamos, entre el escepticismo y la indignación, que el asedio a las instituciones está intrínsecamente ligado a un fenómeno altamente pernicioso: la "presunta" corrupción política. Y ojo, porque no parece, desde luego, que solo sea un problema aislado o neutralizado, sino más bien una red sistémica normalizada que pervierte el control de las administraciones. Y lo más execrable: frente a la mayor degradación ética y moral de la política en su máximo exponente, la aportación de una parte del periodismo es doctrinal al régimen.

El oficio de algunos periodistas, encamados con el gobierno, es negar lo evidente, distorsionar contextos de manera perversa, manipular y tergiversar los argumentos e intoxicar constantemente a la opinión pública. El periodista afecto al régimen ha prostituido hasta tal punto su profesión, que justifica lo injustificable; reduce la información a un intercambio de consignas oficiales e, incluso, promueve manifiestos contra la libertad de prensa. Lo nunca visto. 

Asistimos, pues, a un intento golpe de estado, silencioso, sutil, sin violencia, pero con la ingeniería jurídica como instrumento de combate y la prostitución de buena parte del periodismo como detonador. Esta crisis no es sólo política, sino también moral. Si aceptamos que el fin justifica los medios, que la lealtad a un líder está por encima de los hechos o que las instituciones son botines de guerra, estaremos firmando el acta de defunción de un sistema que, con todos sus defectos, ha garantizado libertades y derechos. La pregunta no es si nuestra debilitada democracia superará esta encrucijada, sino cómo lo hará. De la elección de una u otra respuesta, si es que la hay, dependerá el futuro que nos merecemos.

LA EXTREMA DERECHA: ¿FASCISTAS O REBELDES?

El nuevo paradigma político se caracteriza por la influencia de nuevas agendas globales en detrimento de las categorías ideológicas habituales. Desde hace ya algún tiempo, los principales partidos políticos han comenzado a redefinir sus bases ideológicas y su relación con los votantes mediante la incorporación al discurso de herramientas identitarias asociadas al desafío del mal llamado “progreso” global. 

Hay, por lo tanto, una desnaturalización del orden ideológico en el que trascienden las divisiones clásicas entre la derecha y la izquierda. Es decir, estamos ante una deconstrucción política en toda regla, y en cuyo proceso se observa cómo se ha incorporado al discurso político un marco identitario global con el que atraer a un electorado más diverso y menos homogéneo. Sin embargo, hay partidos de extrema derecha que se resisten a abandonar la dicotomía tradicional en el ámbito político y que ponen en solfa la naturaleza de dichos asuntos.

Pero, ¿qué consecuencias o cuáles son los riesgos que podemos identificar en este nuevo paradigma? Veamos:

Mientras la izquierda y la derecha europea abrazan el “wokismo” bajo el paraguas de los derechos humanos como parte de un discurso integrador, la estrategia discursiva de la extrema derecha combina elementos más radicales contra esas nuevas identidades políticas y denuncia, por un lado, su exclusión del debate con la imposición de cordones "sanitarios" y, por otro, advierte de la alienación de la derecha y la izquierda tradicionales.

No podemos decir que el fenómeno antipolítico de la extrema derecha y también de otras combinaciones populistas no haya ido ganando terreno en los últimos años. Más bien todo lo contrario. Sirva como ejemplo, sin ser una cosa y la otra, el caso de Milei en Argentina y su defensa de lo antipolítico. La implementación de una economía liberal minarquista en un estado democrático y la reconstrucción de la idea tradicional del Estado, reduciéndolo a su mínima expresión, ya está dando sus primeros frutos en términos macroeconómicos.

Es muy posible que estas alternativas políticas sigan ganando cotas de poder en los próximos años. Más aún, y con más razón, si los partidos mayoritarios de derecha e izquierda siguen insistiendo en representar conjuntamente los intereses de agendas globales en detrimento de las necesidades reales de la ciudadanía. A pesar de la estrategia política de la izquierda y la derecha por desprestigiar y vilipendiar a los partidos de extrema derecha, el resultado no ha sido ciertamente el esperado. Véase el caso de Trump en los Estados Unidos o el ya mencionado de Milei.

En Europa el crecimiento exponencial de partidos como Vox y SALF en España, Rassemblement National en Francia, Fratelli D’Italia en Italia, Alternative für Deutschland en Alemania es inevitable. Por mucho que la derecha y la izquierda se empeñen en tildarlos como partidos fascistas, reaccionarios, negacionistas y a sus electores como peleles potencialmente desinformados, el esfuerzo será en vano mientras una buena parte del electorado vea en la izquierda y en la derecha a meros representantes de agendas al servicio de las grandes élites de poder. 

El éxito de estas alternativas políticas estriba, por una parte, en que buena parte del electorado ve cómo los partidos mayoritarios no satisfacen sus demandas y, por otra, generan una profunda desconfianza en la ciudadanía cuando se observa que son las agendas globalistas las que, sin un debate previo político, toman decisiones de facto al margen del control ciudadano y con la connivencia política.

Y, en efecto, son las agendas globales, entre otras, la del Foro Económico Mundial, la del G7, la del G-20, o la del Foro de Davos –donde más allá de su programa oficial–, rediseñan sus agendas económicas entre bambalinas y ponen bajo sospecha pactos espurios entre las élites financieras y la clase política.

Lo que queda en evidencia es, por lo tanto, una desconfianza de la ciudadanía como consecuencia lógica de la política creada entre grupos mayoritarios que sostienen y representan intereses económicos globales sin un control democrático. Dicho de otro modo: la ciudadanía percibe que la realidad política no representa sus intereses, sino la de los pingues beneficios económicos de las grandes élites.

Y es, precisamente, éste el discurso político que acompaña a los extremismos y populismos por toda Europa y que cala muy hondo en la ya de por sí muy desengañada ciudadanía. El riesgo, pues, es evidente tanto en el nuevo paradigma político como en de las fuerzas en el extremo del tablero, porque desde ambos lados se induce a la polarización como elemento de combate. 

El continuismo de las agendas globales bajo la sombra sospechosa de una estabilidad económica y social, y frente a ella la rebeldía de los partidos de la extrema derecha puede terminar saltando por los aires, sobre todo cuando desde ambos lados de la trinchera se genera una "cultura" cada vez más hostil entre unos y otros e impropia de la defensa de los valores y principios que dicen sostener. Cabría recordar a este respecto que la disociación de un marco integrador europeo es cada día más elocuente y la línea entre la convivencia y el enfrentamiento cívico cada vez más delgada.