Golpistas y mercachifles

El absoluto desprecio por la democracia, la violación de la Constitución, la colonización de las instituciones, principalmente la del Poder Judicial, y la imperiosa necesidad de promoverlo todo en la prensa oficial del régimen son las líneas de actuación desde las que el Gobierno de España demuestra una notable propensión al golpe de estado para seguir gobernando.

Llegamos al ecuador de la legislatura con una España sumida en una versión sucedánea del progresismo, que poco o nada tiene que ver con los estándares democráticos. Y a es que a estos sacamantecas de tres al cuarto no se les ha ocurrido otra cosa que provocar la parálisis permanente de las instituciones y socavar la democracia colocando dinamita en los pilares de la Constitución Española, la suficiente para que el Estado de Derecho salte por los aires el día menos pensado. No hay explicación racional que justifique tal voladura, salvo la de cambiar las reglas de juego para perpetuarse en el poder.

Tras siete años de gestión al frente del Gobierno de gente de mal vivir y demás mercachifles, hemos visto cómo se degradaba el equilibrio de todos y cada uno de los mecanismos democráticos. En el ejercicio de actividades flagrantemente golpistas se enmarca la ausencia de transparencia y control democrático; los continuos intentos por cargarse la separación de poderes y la instrumentalización de los tribunales y, en particular, la del Tribunal Constitucional, que han servido de fortín para blindar judicialmente los desmanes del ejecutivo y sus adláteres. A la vista de todos está; otra cosa es que el profundo sectarismo que profesan algunos les impida verlo. Es lo que tiene vivir con la venda puesta y preciarse, como diría Quevedo, de cosas del culo.

Los que aún conservamos la vista (y el trasero), a Dios gracias, observamos, entre el escepticismo y la indignación, que el asedio a las instituciones está intrínsecamente ligado a un fenómeno altamente pernicioso: la "presunta" corrupción política. Y ojo, porque no parece, desde luego, que solo sea un problema aislado o neutralizado, sino más bien una red sistémica normalizada que pervierte el control de las administraciones. Y lo más execrable: frente a la mayor degradación ética y moral de la política en su máximo exponente, la aportación de una parte del periodismo es doctrinal al régimen.

El oficio de periodistas encamados con el gobierno actual es negar lo evidente, distorsionar contextos de manera perversa, manipular y tergiversar los argumentos e intoxicar constantemente a la opinión pública. El periodista afecto al régimen ha prostituido hasta tal punto su profesión, que justifica lo injustificable; reduce la información a un intercambio de consignas oficiales e, incluso, promueve manifiestos contra la libertad de prensa. Lo nunca visto. 

Asistimos, pues, a un intento golpe de estado, silencioso, sutil, sin violencia, pero con la ingeniería jurídica como instrumento de combate y la prostitución de buena parte del periodismo como detonador. Esta crisis no es sólo política, sino también moral. Si aceptamos que el fin justifica los medios, que la lealtad a un líder está por encima de los hechos o que las instituciones son botines de guerra, estaremos firmando el acta de defunción de un sistema que, con todos sus defectos, ha garantizado libertades y derechos. La pregunta no es si nuestra debilitada democracia superará esta encrucijada, sino cómo lo hará. De la elección de una u otra respuesta, si es que la hay, dependerá el futuro que nos merecemos.