Que nadie
lo dude: P.S. es capaz de todo con tal de garantizar su supervivencia política
y personal. Ni adelantará elecciones ni dimitirá por mucho que se lo reclame la
mayoría en el Congreso. Su único proyecto político es perpetuarse en el poder cueste
lo que cueste, incluidos algunos escenarios que ponen los pelos de punta. El
contrapunto para evitar males mayores sería articular con éxito una moción de
censura que, a día de hoy, es simple y llanamente inviable.
Así las
cosas, y dada su imperiosa necesidad de atornillarse a la poltrona, mucho nos
tememos que el inquilino de Moncloa no dudará en provocar la parálisis permanente de las instituciones y
socavar aún más la ya de por sí frágil democracia española. Uno de sus propósitos, y no el único, es
muy claro: acabar con la separación de poderes y someterlos a los designios del
poder ejecutivo bajo la coartada de “la soberanía popular”. De esto mismo hay
más que sobradas evidencias de cómo, por ejemplo, el autócrata ha ido
progresiva y sutilmente apuntalando el contrapeso de poderes y ha puesto todo
su empeño en erosionar la independencia judicial.
Como ya he mencionado en alguna ocasión, su objetivo es convertir a los tribunales en meros títeres del poder ejecutivo. La reforma exprés del CGPJ, el acoso a jueces como Juan Carlos Peinado y Manuel García-Castellón por investigar casos “sensibles” al gobierno y a su entorno, o la cantinela de lawfare contra el Tribunal Supremo forman parte de esa obsesión sanchista. Y, además, para todo ello cuenta incluso con la connivencia de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, que ya ha actuado como un tribunal de casación bajo el mando del sanchismo, y no como un órgano imparcial en la asesoría de los resortes de la Constitución.
Por si
esto no nos pone sobre aviso, el hecho de que en las últimas semanas el
argumentario del gobierno haya dejado patente el enfrentamiento directo contra
los contrapoderes del estado hace saltar todas las alarmas. Instantes
después de que el Tribunal Supremo notificara la sentencia del conocido como “caso
mascarillas” y por la que se condena al exministro socialista José Luis Ábalos
a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, 8 meses
y un día por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y
tráfico de influencias, el Gobierno ponía en cuestión la dureza de las penas y “la
imparcialidad” de la sentencia al eximir al empresario Aldama de entrar en
prisión. A pesar de que la
condena fue unánime, los ministros de turno y los altavoces mediáticos del
sanchismo y escupían sobre la sentencia frases como “supuesto amaño” o
“sentencia de difícil digestión”.
Tampoco
hay que perder de vista el posible amaño de unas futuras elecciones. Un
escenario que ya va tomando forma con pasaportes repartidos a trote y moche en
el exterior por la infame Ley de Nietos —o tataranietos, según se mire—y que,
junto a la posibilidad de hinchar o adulterar el voto por correo, son a buen
seguro algunas de las maniobras concebidas por el tramposo personaje de
Moncloa. Y quien no lo crea, que consulte las denuncias de particulares por la
compra de voto por correo y que mire el resultado del voto CERA en las últimas
elecciones autonómicas celebradas
en Andalucía, Castilla y León y Aragón, donde el PSOE, “paradójicamente",
fue la formación política más votada. ¿Causalidad o intencionalidad? Juzgue
usted mismo.
Pero lo
más grave de todo, y de lo que ya vamos pergeñando sus primeros esbozos, es la
determinación del Gobierno de poner fin al conflicto territorial con el asunto
de la España plurinacional. Podríamos pensar que algo así no tiene encaje en
nuestra Constitución, pero eso mismo pensábamos de la amnistía a los golpistas
catalanes y ahí está. No descartemos, en este sentido, que se abra la espita de
sendas consultas de independencia en Cataluña y en Las Vascongadas y ponga con
ellas tal carga de dinamita en los pilares de la Constitución que salte todos
por los aires. Todo es posible, incluso encender la mecha republicana para
poner en un brete a la Monarquía parlamentaria con unas hipotéticas elecciones
plebiscitarias.
Está
claro que el acorralado P.S. hará lo indecible para alimentar de su mano al
independentismo en su “Mein Kampf” particular, pues de ellos dependería,
llegado el caso, la aprobación de un suplicatorio en el Congreso; algo que cada
día que pasa cobra más fuerza a raíz de los informes de la UCO, donde todo apunta
a que P.S. es el number one, el capo de la mafia o “el puto amo”, que
diría el ministro Puente.
Que no
nos quepa ninguna duda: el autócrata sujeta una cerilla en un polvorín que
dejará caer cuando le queme en las yemas de los dedos. Su última carcajada en
el Congreso nos debería inquietar mucho. Ojalá no sea el augurio de lo que puede está
por venir.
