No hay explicación racional que justifique el proselitismo del partido socialista que no pase por su propia supervivencia política. Lo que comenzó como una coalición de conveniencia entre fuerzas dispares ha evolucionado en una maquinaria de control institucional sin precedentes. Su propósito es muy claro: acabar con la separación de poderes y someterla a los designios del poder ejecutivo bajo la coartada de "la soberanía popular"; alegato que no deja de ser una definición desajustada de la realidad, pues en España no existe una soberanía popular como tal, sino una soberanía nacional que reside en el pueblo y cuyo poder es representado en las instituciones.
El objetivo de este nuevo “frente popular”, comandado por el gallinero del progresismo 2.0, donde cohabitan socialistas, filocomunistas, soberanistas catalanes y hasta algún cipote supremacista vasco de los de Parabellum 9mm, no es otro que el de la urgente demolición de la democracia española. Para ello cuentan incluso con la connivencia de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, que actúa como un tribunal de casación bajo el mando del sanchismo y no como un órgano imparcial en la asesoría de los resortes de la Constitución. ¡Casi ná al aparato! El gobierno del Sánchez lo tiene todo atado y bien atado, que diría Franco. Y es que bajo el convencimiento de su tiranía ha “confiscado” las Cortes, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional y otras tantas instituciones públicas que operan arbitrariamente bajo el escarnio sanchista.
Hasta ahora ha conseguido lo impensable: subordinar el Estado de Derecho a sus intereses partidistas y a su propia supervivencia personal y política. Para ello ha tejido una red de influencias que estrangula la separación de poderes y, además, mantiene bajo férreo control los engranajes más sensibles de la administración pública. Ya no se trata solamente de una deriva autoritaria al uso, sino de algo mucho más sutil: la perversión sistemática de las reglas del juego.
El secuestro a la democracia no se consumará con tanques en la calle, sino a golpe de decreto, con nombramientos a medida y una retórica sincronizada entre el aparato de Ferraz y los medios afines plagados de periodistas ensobrados que ya criminalizan al “disidente”, al fascista o al ultraderechista, según convenga. Y es que para la prensa del régimen ya no hay vida más allá de las cavernas del mal llamado progresismo.
El ultimo episodio en este continúo asalto a la democracia ha sido acusar al Tribunal Supremo de golpista y franquista. En esta ocasión han sido los cachorros del populismo radical de la extrema izquierda, los que en nombre de su vicepresidenta segunda y tras conocer la condena por revelación de secretos al ya ex fiscal general, Álvaro Ortiz, han apelado a la movilización en las calles en defensa de la democracia.¡ Hay ver lo que le dice la sartén al cazo! Y es que les sirve cualquier pretexto, por irracional que sea, para tensionar y polarizar aún más a la sociedad española, incluso a expensas de poner en riesgo su convivencia. No importa, todo vale.
La historia los juzgará pero, mientras tanto, la ciudadanía no puede permanecer mucho más bajo los efectos del cloroformo. Debemos de una vez por todas despertar del estado lisérgico en el que nos hallamos. Solo así, seremos conscientes de lo que realmente está pasando delante de nuestras narices y de la enorme gravedad de la situación, porque a estas alturas urge reivindicar la defensa del orden constitucional sin paños calientes, sin tapujos y sin prejuicios. De lo contrario, correremos el riesgo de meternos en un callejón sin salida o, mejor dicho, de no salir nunca de él.
