Rara es la mañana en la que no nos despertamos con algún escándalo que evidencia hasta qué punto el Gobierno actúa de espaldas a las reglas más básicas del orden institucional. Hay tantas y tantas taras democráticas que convendría recordar con frecuencia ante qué y ante quiénes nos enfrentamos. Tarea bastante difícil cuando hay una buena parte de la prensa rendida ante “los encantos” del sanchismo y una corriente de la opinión pública que ha normalizado, asumido y aceptado el marco comunicativo diseñado desde Moncloa.
Imaginemos por un momento cómo estarían las calles de nuestras ciudades si el presidente del Gobierno fuera un tal Feijóo y tuviera a su entorno procesado, encarcelado o a punto de sentarse en el banquillo. ¿Qué dirían los socialistas y comunistas si algún ministro popular o incluso su presidente descalificara la actuación judicial o señalara a periodistas incómodos desde la tribuna de oradores en el Congreso? O ¿cómo reaccionarían los radicales defensores de tener la nevera llena si las frutas, las legumbres, las verduras y la leche pasaran de tener un 2% a un 4% de IVA? Por no hablar de la subida de hasta un 40% de los huevos o del hachazo fiscal a autónomos y trabajadores, que cada día sufren más para llegar a fin de mes. En este contexto, cabría preguntarse cómo responderían los sindicatos, tan preocupados ellos por el escudo social (léase estatalización encubierta), tras conocer, según Eurofound —agencia vinculada a la Unión Europea y dedicada al análisis del mercado—, que España es el segundo país de la UE con mayor inseguridad laboral.
Y ¿qué diría la prensa oficial del régimen sanchista si un hipotético gobierno de la derecha hubiera recibido 71.000 millones de euros en fondos europeos y solo se hubiera invertido algo más de la mitad? ¿Cuántos ríos de tinta se habrían escrito si Feijóo hubiera excarcelado a cientos de violadores o hubiera concedido el indulto a dirigentes políticos condenados por corrupción y sedición? Por no hablar del apagón de hace justo ahora un año, de los ocho muertos que se llevó en un país a oscuras y de la pérdida para la industria de más 3.000 millones de euros, o de la tragedia del accidente ferroviario de Aldamuz, donde perdieron la vida 45 personas.
¿Se imagina usted las editoriales y las portadas de la prensa del régimen si el inquilino de La Moncloa fuera otro?
A buen seguro que si todo esto hubiese acontecido con un
gobierno de derechas y los medios afines al “progresismo” hubieran dado una
cobertura intensiva, el clima social sería mucho más convulso. A estas alturas no se podría ni respirar con tanto humo negro de
neumáticos quemados en innumerables barricadas, pero con Sánchez nunca pasa nada: todos sentaditos en el sofá de
casa viendo series de Netflix o disfrutando de las “hazañas” futbolísticas del
Barça y el Madrid.
Cierto es que son legión aquellos que muestran su enfado y
preocupación en las redes sociales, donde la disidencia más incisiva se ha
convertido más en un espacio virtual para el desahogo personal que en una
herramienta útil de movilización contra el déficit ético y moral que reside en
el Gobierno y contra sus políticas. Podríamos convenir en que las redes
sociales están que arden, pero las calles no.
Y es que las cosas no se cambian a golpe de X, en YouTube o en
Instagram; tampoco se cambian desde una oposición inerte que, en un gran alarde
de estupidez, no reacciona ante la emergencia del expolio y la humillación de
los españoles. Desde esa perspectiva, uno tiene la impresión de que los dos
partidos principales de la oposición necesitan tejer consensos sólidos con los
que confrontar la hegemonía del caos; pero, en su lugar, siguen obstinados en
la estrategia del oportunismo político mucho más que en el interés general. La
falta de un consenso amplio y la construcción de una alternativa sólida
dificulta corregir la deriva institucional. Pero, oiga, con estos bueyes hay
que arar, que diría el castizo. Y así nos va.
Mientras el conformismo —o, mejor dicho, el analfabetismo de
rebaño—, por un lado, y el clientelismo político y el voto cautivo, por otro,
conforman el panorama sociológico de esta querida España, las próximas
generaciones se enfrentan a un futuro incierto que nada bueno puede traer. Más
allá de una más que probable desafección o desapego político, lo que está en
juego entre los más jóvenes es la frustración masiva y el resentimiento y, por si fuera poco, una más que probable deriva antisistema, tal como preconiza la
politóloga Estefanía Molina en su ensayo Los hijos de los boomers,
lectura obligada para comprender el rechazo de nuestros chavales al sistema
democrático.
Así las cosas, y con tanto pesimismo en el frente, solo queda
refugiarse, a este lado de la trinchera, en los recovecos heridos de voces
abstractas y en frases inconexas, donde residen los deseos más oscuros y donde
el lector puede o no coincidir con ellos como solución final y urgente:
Ese laberinto incluye moverse inevitablemente negando
apariencias, recordando arquetipos, pensando silencios.


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