El cinismo de la legalidad frente a la barbarie

Resulta extremadamente cansino tener que lidiar, una y otra vez, con la miseria humana que se esconde detrás de la tan manida defensa del derecho internacional, sobre todo en boca de algunos gobernantes que han llegado incluso a blanquear no pocas dictaduras o, en el mejor de los casos, se han puesto de perfil.

Sea lo que sea eso del derecho internacional, parece evidente que debería ser revisado, porque solo sale a pasear con correa y bozal cuando algunos propietarios y dueños del cinismo y la hipocresía internacional lo sacan a defecar por las esquinas, obviando, eso sí, la defensa de los derechos humanos.

Unos sostienen que el derecho internacional existe para, entre otras cosas, impedir que los países se invadan entre sí. Otros argumentan que sin derechos humanos, no hay derecho internacional, pues la base legal de todo orden jurídico descansa en las garantías fundamentales de la dignidad humana. De manera que la defensa del derecho internacional se traduce, en no pocos casos, en la traición y la violación de los derechos humanos que supuestamente pretende proteger. 

A la vista de esta paradoja de la legalidad, uno se puede preguntar qué derecho internacional, ni qué ocho cuartos, se puede esgrimir desde el orden jurídico para defender las dictaduras de Venezuela, la de Cuba o la de la República Islámica de Irán, donde la inmunda ecuación del régimen terrorista de los ayatolás ha dado como resultado que la represión contra las manifestaciones populares se haya cobrado más de 30.000 víctimas, incluyendo las ejecuciones públicas de mujeres y homosexuales.

No olvidemos tampoco la flagrante violación de los derechos humanos en la anexión del Sáhara a Marruecos —aprobada con el plácet del Gobierno de España y con el visto bueno de la Unión Europea—, pasándose por el arco del triunfo las resoluciones de la ONU y, con ellas, los derechos del pueblo saharaui.

Y qué decir de la sanguinaria persecución contra los cristianos a cargo de terroristas islámicos en Nigeria, en la República del Congo y en Siria. ¿Por qué buena parte de la comunidad internacional y de los organismos internacionales guardan silencio o miran hacia otro lado? ¿Acaso exterminar cristianos no responde a las expectativas del derecho internacional?

Queda muy claro que el denominador común en los países citados se corresponde con la sistemática vulneración de los derechos humanos y las libertades políticas y que, en algunos casos, se lleva a cabo con la connivencia de la esfera política internacional. Afortunadamente, el Consejo de la UE ha incluido formalmente al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán en su lista de organizaciones terroristas. Sin embargo —permítanme la digresión, porque si no lo digo, reviento—, el Gobierno de España, amigo del régimen de Teherán, sigue haciendo gala de un silencio atronador y obvia términos como “terrorismo” o “exterminio” contra la población civil. Tanto y tan bien lo hace nuestro presidente, que hasta le felicitan formalmente desde Irán e incluso colocan su efigie en los misiles iraníes; fiel retrato de un “ser de luz” tan familiarizado con la muerte como con las tumbas.

Dicho todo esto, ¿qué debe prevalecer: el derecho internacional o la defensa universal de los derechos humanos? ¿Qué valor tiene un marco jurídico internacional si se aplica de forma arbitraria? ¿Están justificadas las intervenciones bélicas contra los infractores de los derechos humanos?

No tenemos respuestas claras, más aún cuando la doctrina jurídica internacional no prevé el ataque preventivo sin la debida legalidad. Pero quedarse de brazos cruzados y ladrar por ladrar desde la esfera política internacional, sin adoptar medidas concretas frente a la vulneración de los derechos humanos, suele entrañar mayores riesgos que una intervención a tiempo. Más aún cuando, paradójicamente, “la ley que ampara al criminal se convierte ella misma en crimen”, tal como advirtió el dramaturgo Bertolt Brecht (1898-1956), marxista, exiliado del nazismo y profundamente comprometido en la lucha contra el fascismo.

Mientras la política global de la inmundicia se aferra a la coartada del derecho internacional y sacan la "cartita" de la ONU contra el “genocidio” de Gaza, otros países asumen la legítima defensa del Estado de Israel frente a las organizaciones terroristas de Hamás o Hezbolá, ambas financiadas por el régimen de Irán. Pero lo más sorprendente, a la vez que vomitivo, es que una buena parte de esa gran reserva fecal de algunos de sus dirigentes y, en particular, en países como España es la misma que evita pronunciarse sobre el exterminio silencioso en África, la opresión y el exilio de millones de personas en las dictaduras de Latinoamérica o la ejecución indiscriminada de civiles en Irán, perpetrada —no lo olvidemos—, por un miserable puñado de fanáticos religiosos y terroristas.

Ser rebelde no es aquel que dice “no [a la guerra], sino aquel que dice sí a una dignidad que la ley, cuando se pervierte, ya no garantiza” (Camus, 1913‑1960).

Medio millón (o más) de sombras “marronas”

El pasado 27 de enero el Gobierno aprobó por vía de urgencia la tramitación de un proyecto de Real Decreto sobre la regularización masiva de medio millón de inmigrantes, aunque esa cifra podría ser mucho mayor. Se calcula que la medida permitirá legalizar a unas 800.000 personas que actualmente carecen de permiso de residencia.

Como en tantas otras ocasiones, la medida no pasó por la convalidación parlamentaria en el Congreso, ya que Junts podría haber tumbado cualquier reforma de la Ley de Extranjería contraria a sus intereses políticos y, sobre todo, partidistas. Más aún, cuando la líder independentista de Aliança Catalana, Silvia Orriols, viene atizando de lo lindo en las encuestas y comiendo mucho terreno al "indepe" de Waterloo". Y ya sabemos que la noia Silvetta no es que sea precisamente muy partidaria de facilitar la entrada de inmigrantes en Cataluña; más bien todo lo contrario. Su postura contra la inmigración es uno de los asuntos prioritarios en su discurso político y una de las razones de su fulgurante ascenso en las encuestas. Puigdemont lo sabe y Sánchez también. Así que, dada la aritmética parlamentaria, el Gobierno ha preferido apoyarse en Podemos para sacar adelante la regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. Ya veremos si con el tiempo y una caña, el prófugo de Junts no termina aceptando pulpo como animal de compañía y cede a cambio de alguna competencia que otra como contraprestación a la aplicación de la medida: inmigrantes sí, pero no en Cataluña.

La cesión del Ejecutivo a Podemos llega en un momento de extrema debilidad para un Gobierno cercado por la corrupción y en horas muy bajas tras el accidente de Adamuz y el monumental batacazo electoral en Extremadura. Podríamos considerar la regularización, junto con el galimatías de la revalorización de las pensiones y el “escudo social”, como una maniobra de distracción de cara a la opinión pública. Es decir, una cortina de humo más que impida ver las deficiencias de un Gobierno que lleva mucho tiempo moviendo la bolita del trile y dando palos de ciego.

Pero el trasfondo del asunto va mucho más allá. Y es que, tal y como apunta el PP, la regularización podría alterar el censo electoral de cara a próximos comicios municipales. Supuestamente, el voto inmigrante beneficiaría a la quinta columna de la izquierda en algunas circunscripciones locales, según el relato de los populares. Otros, más a la derecha, ven en la regularización la sombra de una invasión encubierta. Tal vez las dos derechas tengan razón y no haya más ciego que el que no quiera verlo.

Pero aún hay más: la izquierda radical pretende que los regularizados también puedan votar en unas elecciones generales. Su objetivo es cambiar el mapa electoral a golpe de inmigrante, apelando incluso a la teoría del reemplazo, “barriendo de fachas y de racistas este país con gente migrante, sea china, negra o marrona”. Eso ha dicho Irene Montero desde esa infinita miseria humana que la caracteriza. 

Aquellos que intuíamos que eso del reemplazo era cosa de la derecha, de la inteligencia artificial, en definitiva, de una gran conspiración de los tecno-oligarcas, resulta que no, que el reemplazo es cosa de la izquierda caviar, cuya inteligencia es la misma que la de un mosquito sobrevolando una autopista en una noche de verano durante una operación salida. No cabe un tonto más.

La medida es, cuando menos, temeraria. La han aprobado a tientas, sin luces (ni taquígrafos), con una venda en los ojos, jugando a ver qué cae de la piñata. Pero en lo que no han reparado ni unos ni otros en esa izquierda tan “progresista” es que la regularización masiva, más allá de ser una maniobra electoralista o una cortina de humo, es, además de cínica, contraria a los intereses de aquellos que dicen defender. Y es que una regularización de inmigrantes sin una evaluación mínima de sus consecuencias puede ser catastrófica, ya que se pone en riesgo la economía, la seguridad y la cohesión social. Veamos:

A los ya de por sí saturados servicios públicos como la sanidad, una llegada descontrolada de inmigrantes podría generar, adicionalmente, una mayor precarización en el mercado laboral, perjudicando no solo a la clase trabajadora autóctona, sino también a los inmigrantes ya sean regularizados o no. Por no hablar del acceso casi inmediato a las ayudas públicas --como el IMV-- y el esfuerzo fiscal que supondrá a las ya castigadas costillas de los asalariados españoles. 

Huelga decir que un flujo incontrolado de inmigrantes supondría, además, un grave riesgo para la seguridad ciudadana, además de provocar un aumento de las redes criminales de tráfico ilícito de personas procedentes de África.

                    (Fuente: The Objective)

Desde el punto de vista social, la regularización indiscriminada desincentiva una integración ordenada y refuerza el discurso de la extrema derecha hasta el paroxismo, intensificando una confrontación identitaria sin precedentes. En resumen, más resentimiento y mayor polarización.

Se mire por donde se mire, la estrategia de inundar el país con una regularización masiva solo persigue la política del caos. Es a todas luces una medida democráticamente insana, sin debate previo, sin consenso político y sin una planificación previa sobre el impacto que supone. Y todo ello con un único fin: la confirmación de una nueva base electoral para perpetuarse en el poder a cualquier precio, sin importarles ni un pimiento la economía, la seguridad o la supervivencia de la cohesión social.

En definitiva, un ejemplo más de la bancarrota de la ética de un gobierno cegado por la erótica del poder. Es el “todo vale” de estos tiempos de penumbra en los que acechan sombras “marronas”. Mientras tanto, en otros países europeos se apuesta claramente por endurecer los requisitos de entrada y de ciudadanía de los inmigrantes. Vayan tomando nota.

Felipe VI, el Rey-tenido

A estas alturas, deberíamos saber que, según el artículo 56.1 de nuestra Carta Magna, “el Rey es el Jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Nadie, por lo tanto, debería poner en duda su neutralidad en el funcionamiento de las instituciones.  Sin embargo, a raíz de su intervención en la X Conferencia de Embajadores en Madrid, esa imagen nítida de lo que debería ser su papel como jefe del Estado se ha visto emborronada, hasta tal punto que se ha puesto en jaque su neutralidad por no pocos columnistas. Y no es para menos, porque la instantánea de sus reflexiones en torno a la calificación de los presos políticos en Venezuela coincide con la del presidente del Gobierno. Ambos se han referido a los presos españoles del régimen del dictador Maduro como simples “retenidos”, sin pronunciarse, además, sobre las atrocidades y la vulneración de los derechos humanos perpetrados por el régimen bolivariano.

Es inadmisible e inaceptable que el jefe del Estado se someta a las cabriolas argumentales del ejecutivo a fin de no perjudicar las presuntas conexiones del PSOE y de la extrema izquierda con Venezuela, y actúe como “colaborador necesario” en el blanqueamiento de la dictadura venezolana. Y, por si fuera poco, todo ello aderezado con la interesada alusión del monarca sobre la “conculcación sistemática” del Derecho Internacional.

No cabe mayor hipocresía ni mayor sumisión por parte de la Casa Real a un gobierno que, como él, obvia la vulneración de los derechos humanos y minimiza con su silencio la gravedad de las atrocidades del régimen autoritario de Chávez y Maduro en el último cuarto de siglo –que se dice pronto–: detenciones arbitrarias, torturas, desaparecidos, miseria, hambre, asesinatos y millones de exiliados. Cabría, entonces, preguntarse, si a juicio del monarca, la acusación de narcoterrorismo y de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista y bolivariano están o no vinculados con las violaciones del Derecho Internacional. 

El Rey no sólo está distanciado de la realidad social española, tal y como demostró en su última alocución navideña, sino que, además, sus “reflexiones” revelan, cuando menos, un sesgo ideologizado e incluso cierto tufo doctrinal en algunas de los asuntos relativos a la geopolítica y a la seguridad global. Por no hablar de sus últimas declaraciones a los medios de comunicación sobre la reciente tragedia de Adamuz y la tan positiva –y tan politizada– valoración que hace in situ sobre las infraestructuras a pesar de algún que otro accidente; algo mucho más propio de un ministro a sueldo que de un monarca y que, francamente, resulta bastante incongruente y contradictorio. Más aún si tenemos en cuenta la opinión de los expertos al señalar que la tragedia de Adamuz se debió al abandono progresivo de la seguridad de la red ferroviaria y a la falta de inversión en su mantenimiento. 

Todo indica que nuestro entrañable rey está sometido por Moncloa desde el vergonzoso episodio de Paiporta y que, desde entonces, sus discursos e intervenciones públicas no son sino proclamas al dictado del sanchismo o, en su defecto, del puño y letra de un tal Camilo Villarino, Jefe de la Casa de su Majestad El Rey. ¿O acaso hay alguien más que susurra al Rey en cada discurso? Se me ocurre aquello que se dice de los jugadores de fútbol cuando no dan pie con bola y se habla de su entorno. Correremos de momento un tupido velo y evitaremos echar más leña al fuego, porque hablar de su querida esposa en todo este entuerto se me hace bola. Así que, de momento, punto y aparte.

Al rey se le reclama diligencia y saber estar ante la sociedad española y, últimamente, no parece que esté dedicado en cuerpo y alma ni a una cosa ni a la otra. El discursito sobre Venezuela pasa de castaño oscuro y no parece que quien nos hable sea digno representante de la Corona española, sino más bien un camello del cártel de los Soles.

Esperemos que, por su bien, cuando caiga la dictadura en Cuba no tengamos que calificar su alocución como insólita y mucho más propia de una jinetera en La Habana que de un rey al servicio de España. No adelantemos acontecimientos y roguemos al destino que, para entonces, su Majestad haya sabido cómo liberarse ambas muñecas de los grilletes del sanchismo. Ora pro nobis.

España, ceremonia de cuerpo presente

La muerte de España como nación democrática viene de lejos. Para encontrar los primeros signos de decrepitud hay que remontarse al año 2006, cuando el Gobierno de Zapatero intentó inscribir en mármol las primeras sílabas del epitafio de la Constitución del 78. Lo hizo con aquel infame Estatut catalán con el que España recibía un certero disparo por la espalda. Años más tarde, en 2017, se consumó el segundo atentado contra la unidad territorial del Estado con la fallida Declaración unilateral de independencia de Cataluña. España entró en parada cardíaca durante 44 segundos. Se salvó de milagro gracias a la rápida intervención del Tribunal Constitucional, pero, desde entonces, sobrevive en estado comatoso a merced de los extorsionistas del independentismo catalán, liderados desde Waterloo por un prófugo de la justicia.

Actualmente, por “capricho” de la aritmética parlamentaria, gobierna un desalmado socialista que ha mutado—aún más—la naturaleza primigenia del partido socialista sobre la cuestión de la unidad territorial, cediendo a las exigencias del radicalismo catalán y haciendo propia la bandera del odio contra la nación española. Esclava de, digamos, un pretendido progresismo, a la España democrática le quedan dos telediarios. Ahí está, a la vista de todos, desangrándose ante la mirada afilada de sus verdugos y la pasividad de, digamos también, sus pretendidos defensores.

España ya no es una nación, ni siquiera una postnación en el sentido que Habermas otorga al término, donde la identidad cultural o étnica se diluye en favor de un proyecto común basado en principios democráticos y fundamentales dentro del marco legal de una constitución. No, España es casi un cadáver; un territorio fracturado donde el concepto de la soberanía compartida ha sido sustituido por el de su disolución y el saqueo institucional. La postnación habermasiana requería, al menos, de un marco de derechos y libertades respetado por todos. Pero ya no existen marcos que valgan, solo restos. Los nacionalismos periféricos han devorado la idea misma de España, mientras el gobierno socialista, lejos de defenderla, negocia con los sepultureros el reparto de sus despojos. España agoniza víctima de un puñado de mequetrefes separatistas y de una izquierda lúgubre y tenebrosa; rodeada de sombras goyescas que sofocan la luz del entendimiento y el acuerdo común entre españoles.

Ante tal panorama no resultaría difícil imaginar las exequias de nuestra querida España en un improvisado velatorio del Salón de los Pasos Perdidos del Congreso. En su lecho de muerte rezarían por su alma figuras enlutadas: plañideras conservadoras de rosario en mano y patriotas del tres al cuarto cegados por el humo de los hachones. En la cabecera, el Presidente del Gobierno fingiría la gravedad del duelo. Al fondo, vuelto de espaldas, el Rey.

La mortaja de España exhibiría con deshonor una oscura túnica, tejida a mano por el mismísimo Tribunal Constitucional. No sorprendería que su féretro estuviera cubierto con la enseña de lo que para algunos fue el símbolo de la discordia y desfilara por la capital del Reino entre el ruido de sables y el murmullo de traiciones, ahogadas por el grito de independistas y el abucheo de radicales socialistas y comunistas.

Fiel a su propio esperpento, el entierro de España no sería un acto solemne. No habría honores militares ni discursos emocionados, sino tuits vacíos y memes de España subiendo a los cielos, a la derecha de Dios o de Franco. Tampoco habría luto nacional, porque ya no quedaría nación que llorar. España sería enterrada en una fosa común junto a otros Estados fallidos del siglo XXI, víctima de sus propias contradicciones y de la cobardía de quienes pudieron salvarla y no lo hicieron.

Requiescat in pace.